Pese a ello, la universidad ha tomado decisiones que agravan la situación: por un lado, archivando el expediente a las personas señaladas en el caso; por otro, abriendo un expediente sancionador a la propia profesora por impartir clases en remoto siguiendo las recomendaciones médicas del servicio de prevención de la propia ULL, según STEC-IU.
"Recordamos que la Inspección de Trabajo ha requerido a la ULL la adopción de medidas correctoras, un requerimiento que la universidad ha decidido recurrir."
Para STEC-IC, este caso no solo afecta a una trabajadora, sino que lanza un mensaje preocupante al conjunto del profesorado universitario sobre las garantías reales ante situaciones de acoso laboral.
Entre las demandas, "exigimos la retirada inmediata del expediente sancionador a la afectada, el cumplimiento del requerimiento de la Inspección de Trabajo y la apertura de una investigación externa e independiente."
Secretariado Nacional del STEC-IC
