En 2012, el Estado aplicó una modificación de la Ley y se rebajó en un 15% el importe de las prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar así como eliminó su aportación a la Seguridad Social. En el presente año, se vuelven a restringir el acceso a esta prestación que la Ley en su artículo 14 ya prevé como excepcional.
Hay que recordar que las ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar son aquellas que se designan a sufragar las atenciones prestadas a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, y que no están vinculadas a un servicio de atención profesionalizada
De esta forma, a partir de este año, se exige que el cuidador haya estado cuidando de la persona dependiente al menos un año antes de la solicitud, y que conviva permanentemente con él. Además, se exigirá un compromiso para que el domicilio esté permanentemente disponible a la inspección de los Servicios Sociales.
En cuanto al efecto retroactivo de la prestación, el Estado establece que ya no valdrá con obtener una resolución sino que será necesario que ya se le hubiera adjudicado una prestación a la persona dependiente.
En este sentido, cabe señalar que el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que el abuso en la prestación económica por cuidado en el entorno familiar ha desvirtuado la Ley y apuesta por los servicios que ofrecen mayor calidad, previenen el incremento de la dependencia y crean más empleo, que ha sido precisamente, la postura que siempre se ha defendido desde el Gobierno de Canarias.
La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, recordó que las Comunidades autónomas han estado otorgando prestaciones económicas, en vez de los servicios, "que son mucho más caros. Pero eso es pervertir la ley, ya que tal y como recoge en su artículo14, la Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, constituye una excepcionalidad a la norma que prima los servicios".
Según explica Rojas, la Ley de Dependencia estipula la colaboración del Estado con el 50 % del gasto, "pero no tiene en cuenta el coste real de los servicios, sino el estipulado por el Sistema Estatal de la Dependencia, y ese es uno de los motivos por el que algunas comunidades están apostando por las prestaciones económicas, que, recordemos, la propia Ley establece como una excepción, ya que aquí el Estado sí aporta el 50 %".
Más recortes en las partidas dirigidas a la atención a la Dependencia
Estas medidas se suman a los continuos recortes de las partidas que el Estado aporta a las Comunidades Autónomas para financiar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, se han reducido considerablemente en los últimos años.
Esta reducción, que en Canarias ha sido de 8 millones de euros menos en 2012, ha impedido ampliar el número de personas que tienen derecho a estas ayudas. Además, ha supuesto el bloqueo en la incorporación de nuevos beneficiarios de tal forma que, salvo en caso de bajas de usuarios, no se producirán nuevas incorporaciones a las ayudas.
Por su parte, Canarias ha hecho un considerable esfuerzo para continuar atendiendo las 13.000 plazas residenciales y de estancia diurna para personas dependientes, mayores o con discapacidad y alrededor de 12.000 prestaciones económicas, así como evitar el cierre de los recursos de atención a personas mayores ni a personas con discapacidad en la Comunidad autónoma.
"Para ello, el Gobierno de Canarias ha firmado con cada uno de los siete Cabildos convenios de colaboración para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, con el fin de garantizar el mantenimiento y la financiación de los recursos de atención a las personas con más dificultades, como son las personas en situación de dependencia", afirma la consejera de Políticas Sociales.
La firma de convenios de colaboración con los siete Cabildos, no sólo establece un mapa de recursos, centros y servicios dirigidos a la atención de este colectivo, sino que garantiza el mantenimiento de diversos programas de atención a los mismos, entre ellos, de las residencias de atención a personas mayores, centros de día, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad así como mantenimiento de viviendas tuteladas y programas de estimulación precoz.
