"Hay que evitar que las normas sean un obstáculo para la actividad empresarial, sino una ayuda para impulsar proyectos y crear empresas, lo que terminará traduciéndose en creación de empleo", manifestó el diputado del PP, quien abogó por "una administración ágil y eficaz como un activo más para impulsar la economía".
Para Rodríguez, "los recursos económicos son necesarios para luchar contra la crisis, pero en absoluto son la única arma para combatirla, ya que hay una serie de medidas que también son de la máxima utilidad para redirigir la situación, que pasan por simplificar la actividad de la administración y promover la economía".
"Se trata de que el Gobierno de Canarias reduzca trámites innecesarios, que permitan reactivar sectores económicos y facilitar la actividad de los empresarios, eliminando regímenes autorizadores, suprimiendo registros innecesarios y aspectos reguladores que añaden confusión a los ciudadanos, destinatarios últimos de la norma", afirmó.
La normativa canaria ha experimentado un notable incremento, en buena parte a consecuencia del desarrollo de prescripciones comunitarias y estatales. Esta cantidad de normas, como expuso el diputado popular, "ha generado no poca confusión, con la superposición de administraciones, órganos y funciones en distintas ramas de la actividad pública".
"Muchas normas del ordenamiento jurídico canario han de ser modificadas, bien para simplificar los procedimientos que contienen, o para actualizar su articulado aunque sea necesaria una nueva norma con rango de ley", dijo.
Para reducir y clarificar la legislación con el fin de que sea más accesible y comprensible para el ciudadano, la iniciativa presentada por el Partido Popular ha suscitado un pronunciamiento unánime a favor de simplificar la acción de la administración pública, y hacerla más eficaz.
El propio Estatuto de Autonomía de Canarias, como recordó Jorge Rodríguez, marca el deber del Gobierno de Canarias de desarrollar una actividad normativa coherente con los principios de promoción del pleno empleo y el libre ejercicio de derechos y libertades, así como del fomento de la actividad empresarial, protegiendo la economía productiva y la acción de autónomos y empresarios.
