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04 Mar

El Gobierno considera que el Diputado del Común ha cumplido con su "deber institucional"

Canarias/ El Ejecutivo considera que la reducción de jornada aplicada para 2013 cumple la legalidad vigente y cuenta con argumentación jurídica que la justifica

El Gobierno de Canarias considera que la decisión del Diputado del Común de solicitar a la Defensora del Pueblo la interposición de recurso de inconstitucionalidad sobre la reducción de jornada y retribuciones regulado en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2013 está dentro del cumplimiento de su "deber institucional". Para el Ejecutivo canario, esta decisión del Diputado del Común es posible ante el planteamiento que le han realizado varios de los afectados cuetionando la medida, argumentando que vulnera el derecho a la igualdad recogido en a la Constitución Española.

El Diputado del Común carece de competencia para decidir si una medida o un texto legislativo respeta el marco constitucional, cuestión que solo puede dirimir el Tribunal Constitucional. Ante la queja planteada por los propios afectados a la institución del Diputado del Común, éste, en ejercicio de sus competencias, eleva la petición a la Defensora del Pueblo, que es quien cuenta con legitimación para presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad.
El Ejecutivo regional considera que la medida adoptada en la Ley de Presupuestos de 2013 respeta el orden constitucional, ya que cuenta con justificaciones objetivas para su aplicación. El Gobierno de Canarias, ha reconocido públicamente, que ha adoptado esta opción consciente de que parte de una interpretación jurídica que apura la normativa en vigor.
El Gobierno de Canarias recuerda que la reducción de jornada y sueldo al personal laboral temporal, laboral indefinido por sentencia o resolución administrativa y los funcionarios interinos del ámbito de Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias se adoptó como mecanismo para evitar recurrir a despidos masivos en este sector. La prioridad, por tanto, es defender el empleo público, para lo que se adoptan medidas coyunturales solo de aplicación para el año 2013.

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