El Gobierno del Estado piensa que este problema debe tener una solución general para que no haya diferencias entre ciudadanos de distintas comunidades autónomas.
El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón ha dicho que "El Gobierno cree que las medidas que se adopten deben ser medidas con una cobertura legal, con leyes aprobadas en el congreso y el senado y que afecten a todos los ciudadanos españoles".
Sin embargo, el consejo General del Poder Judicial apoya que las comunidades autónomas puedan impulsar medidas para frenar los desahucios que afectan a personas al límite de la pobreza.
Esta postura también ha tenido el apoyo de los jueces canarios y las plataformas de afectados en las Islas.
Según el Juez, Julio Wood, "es una buena noticia que se empiecen a preocupar de problemas tan importantes como este porque estamos huérfanos de regulación hasta ahora."
Isabel Saavedra, miembro de la plataforma Stops Desahucios en Gran Canaria, ha afirmado que "todo el mundo tiene derecho a estar en una vivienda y cuando esas viviendas escasean y por contra los bancos están teniendo más en su poder viviendas vacías, creemos que el gobierno debe de tomar ese tipo de decisiones"
En este sentido, la Junta de Andalucía ha buscado una solución y ha aprobado un decreto que permite expropiar viviendas a los bancos durante tres años para dárselas a familias en riesgo de exclusión.
Desde el Gobierno de Canarias se está trabajando para aprobar una normativa similar en el Archipiélago. Sin embargo, Canarias no tiene competencias para aprobar decretos leyes como en Andalucía.
El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, asegura que "los desahucios son un drama social y hay que poner toda la imaginación y capacidades, para ver si se amortiguar el impacto". Además afirman que están trabajando en este aspecto y esperan que las próximas semanas puedan tener una propuesta.
Los expertos jurídicos ya están buscando una solución para frenar los desahucios en las islas, que esté adaptada a la normativa legal del archipiélago.
