El Ejecutivo regional anunció a través de una rueda de prensa celebrada con posterioridad al Consejo de Gobierno, que no serán estas medidas las únicas que se adopten para intentar paliar los gastos que en estos momentos no son prioritarios en la televisión pública, todo ello para conseguir garantizar servicios esenciales como sanidad, educación y servicios sociales.
Con estas medidas, el Ejecutivo prevé recaudar en torno a los 250 millones de euros en los próximos seis meses, una cantidad insuficiente para afrontar los "graves e injustos recortes del Estado cifrados en 800 millones, por lo que debemos realizar otros graves ajustes", según valoró Javier González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
El Consejo de Gobierno decidió crear dos nuevos figuras impositivas. Se instaura el impuesto sobre depósitos a entidades financieras que abonarán bancos y cajas y se establece el impuesto a grandes superficies.
Con carácter temporal, el IGIC incrementará el tipo general desde el 5% actual al 7%, elevará el establecido con el 2% al 3%, mantiene en el tipo cero los artículos de primera necesidad, y sube en 0,5% los tipos vigentes del 9% y el 13%.
Sobre este tributo, se suprimen algunas bonificaciones fiscales entre las que destaca la establecida para la telefonía fija y móvil que pasará de estar exenta a tributar al tipo general.
Además, se incrementa el impuesto sobre el combustible, un tributo que a diferencia del Estado, no se actualiza en Canarias desde 2004, dejando inalterable el aplicado al gasóleo profesional.
Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Gobierno acordó el aumento de la zona alta del tramo autonómico de forma que para las rentas superiores a 53.000 euros/año, el tipo pasa del 21,5% al 22,58%.
También se elimina la actual bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, además de algunas de las deducciones en el IRPF en función de la renta de cada ciudadano. Es el caso de los gastos por estudio, por traslado de residencia, por nacimiento o adopción, a mayores de 65 años y dependientes, por familia numerosa o por gastos de guardería.
Políticas de Gastos
Además de las modificaciones tributarias, el anteproyecto de ley aborda cambios en la estructura de la comunidad autónoma con la supresión de dos agencias (con rango de dirección general) y la concentración de los tres organimos públicos dedicados a la formación de empleados públicos en uno (Instituto Canario de Administración Pública, Agencia Canaria de Seguridad y Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias). Esto supone la eliminación de 4 centros directivos, con rango de dirección general de la estructura de la Comunidad Autónoma. Además, se extinguen nueve órganos de consulta y gestión, creados por diferentes normas de rango legal, todo ello en aras de aplicar mecanismos más eficientes en la gestión pública.
El Capítulo de gastos de personal representa en el presupuesto de 2012 el 37,8% del presupuesto, por lo que, de forma inevitable, ante la proporción del ajuste que es necesario realizar para adaptar la cuentas autonómicas al marco presupuestario definido por el Gobierno de España, el Ejecutivo canario prevé una serie de modificaciones en las condiciones laborales de los empleados públicos.
De forma genérica, aplica a los casi 62.000 empleados públicos un recorte en sus retribuciones anuales del 5%. Con esta reducción salarial, la Comunidad Autónoma ahorra 130 millones de euros.
El Gobierno, en el anteproyecto de ley, se hace eco de lo expresado por cabildos y ayuntamientos para la traslación de este mismo recorte a los empleados públicos de todas las administraciones locales (Cabildos y Ayuntamientos). De igual modo, prevé la aplicación de esta reducción a los docentes de las universidades canarias y a los profesores de la enseñanza concertada. Estas reducciones no se aplicarán al personal que cobre menos de 13.469,4 euros al año, cantidad que equivale al 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.
Otras materias como las condiciones para la prolongación de la vida laboral por los empleados públicos (laborales y funcionarios); la cuantía del complemento específico singular de la policía autonómica y el personal informático o la extinción del 13% de las plazas de personal eventual (14 puestos), también son objeto de regulación en este texto.
