El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad valoró la intención del Ministerio de contar con una estrategia común para todas las autonomías, pero "no puede quedarse solo en una declaración de intenciones en la que el Ministerio delega la responsabilidad de la gestión y ejecución en las comunidades autónomas". La escasez de propuestas novedosas es otro aspecto que llamó la atención de consejero, que aclaró que, las pocas novedades ofrecidas -creación de una ventanilla única, un programa de voluntariado o la creación de una red nacional de casas de acogida- se presentan de una forma tan ambigua que no aclarara cómo, ni quién, ni con qué recursos se va a promover su puesta en marcha".
Hernández Spínola también se mostró crítico por la incoherencia que el Gobierno de España refleja entre el contenido de esta estrategia y las diversas reformas legislativas que está impulsando como la reforma del Código Penal, la desaparición de la asignatura Educación para la Ciudadanía en la nueva reforma educativa, la Ley de Dependencia, la Reforma Laboral o la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que suprime la competencia de los municipios en promoción de la Igualdad.
El Gobierno Canarias considera que el documento visto hoy en la Conferencia Sectorial de Igualdad podría servir de base para un trabajo más profundo y detallado, "en el que de verdad se cuente de forma activa y directas con la participación de las comunidades autónomas". Una participación que a criterio del consejero del Gobierno de Canarias no ha existido en la elaboración de este primer documento. "Si se abre este texto a una participación e implicación real de las autonomías, la Estrategia Nacional puede convertirse en el punto de partida para promover y alcanzar de un gran acuerdo social para la erradicación de la violencia de género", indicó el consejero.
Hernández Spínola cuestionó también la progresiva reducción de recursos económicos para violencia género por parte del Estado, que ronda este año el 20%.
La situación de los menores en entornos de violencia de género despierta especial preocupación entre los responsables de esta materia en el Gobierno de Canarias. "Es imprescindible aumentar la seguridad de los menores ante el aumento de casos en los que hijos e hijas están siendo las víctimas directas de la violencia de los hombres, que los utilizan como medio para hacer más daño a las madres", explicó.
Hernández Spínola considera que la Administración y el poder Legislativo "no deben quedarse de brazos cruzados mientras está tendencia sigue consolidándose", por lo que entiende oportuno promover una modificación legislativa que facilite retirar la custodia o el régimen de visitas a los padres condenados por violencia de género. "Hay que abordar una reforma más detallada que debería afectar al menos a cinco leyes para reforzar la seguridad de los menores que se ven inmersos en situaciones de violencia de género en sus hogares", aclaró el consejero.
