La regulación supone un respaldo a la actividad sindical y la negociación colectiva en el marco de la Administración autonómica, al ordenar la distribución y forma de uso de los créditos horarios sindicales. Las condiciones acordadas mejoran la situación existente tras la aprobación por el Gobierno de España del Real Decreto Ley de julio de 2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que dejó el marco básico con el mínimo crédito horario.
A partir del 1 de enero de 2014, será de aplicación este acuerdo que racionaliza el uso de los créditos horarios. Las mejoras están relacionadas con la reducción de la afección a la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, la homogenización de las condiciones de uso y distribución entre los cuatro sectores de la Administración Pública (docentes no universitarios, estatutarios ¿SCS-, justicia y administración general), que hasta ahora estaban regidos por diferentes condiciones que creaban desigualdades dentro de la propia Administración autonómica.
En términos generales, se produce una reducción en el número de horas disponibles respecto al marco anterior a la reforma de 2012 del Gobierno de España. Los acuerdos potencian el uso de los créditos horarios para dispensas totales de servicios, de forma que se dé mayor estabilidad tanto al trabajo sindical como a la prestación de los servicios públicos, lo que facilita a la Administración Pública prever la cobertura de las vacantes permanentes que los liberados dejen al ser designados pos sus organizaciones sindicales para una dispensa total.
También se concretan las causas por las que una dispensa puede ser revocada, y se establece un preaviso con plazo de antelación suficiente para el uso de la dispensa, de modo que pueda reorganizarse el servicio y se evite su afección a la actividad diaria y la atención a la ciudadanía.
El análisis por ámbitos del resultado que generan los acuerdos firmados hoy suponen en el caso del personal de Administración General (que es el que presta sus servicios administrativos para cada una de las consejerías), ve reducido en unas 2.635 horas mensuales, lo que equivaldría a una reducción en unos 19 liberados sindicales respecto a la situación anterior a 2012. En cambio, entre los docentes no universitarios el número de horas se mantiene similar. Por su parte, para la Administración de Justicia, la reducción será de unas 240 horas mensuales y en Sanidad estará en torno a las 1.656 horas, que equivaldría unos 12 liberados sindicales menos.
El acuerdo fue rubricado por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad en representación del Gobierno de Canarias, Fernando Escrich, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos - Unión General de Trabajadores de Canarias, Pedro Moreno, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía - Área Pública de Comisiones Obreras de Canarias, y Rafael Rodríguez, coordinador de Administraciones Públicas de Intersindical Canaria.
