Cristina Valido explica que "con este acuerdo pretendemos garantizar la asistencia y apoyo a las personas con discapacidad intelectual que carezcan de familiares o allegados considerados idóneos y de los que actualmente la Fundación ejerce las funciones inherentes al cargo de tutor, curador o defensor judicial. Se trata de una labor encomiable porque ellos velan por sus intereses y derechos y atender todas sus necesidades".
Por su parte, Georgette Bugnion agradeció la colaboración del Cabildo "que siempre ha estado con la Fundación desde su creación hace 10 años. En la actualidad tutelamos a 40 personas y nuestra labor es la de ejercer las funciones de un buen padre de familia. Las funciones varían en función de las necesidades de los tutelados, pero lo importante es que encuentren en la Fundación un lugar donde se sientan atendidos y queridos. Eso es posible gracias al equipo humano que trabaja en la Fundación y que son los verdaderos artífices de que las personas con discapacidad intelectual en situación de desamparo puedan vivir con dignidad".
Las personas con discapacidad intelectual, que son mayores de edad, han otorgado un poder de mandato ante Notario a favor de la Fundación y ésta se encarga de hacer todas las gestiones para atender todas sus necesidades. Las funciones de la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano son proteger a las personas con discapacidad intelectual que precisen apoyos para gobernarse por sí mismas, tomar sus propias decisiones y administrar sus bienes. Asimismo, la Fundación colabora con los organismos públicos y privados dedicados a la protección de las personas con discapacidad intelectual velando por la recuperación de sus capacidades, autonomía personal, inclusión social y calidad de vida de las mismas.
Entre las funciones de la Fundación también se encuentran el procurarle una formación integral a las personas con discapacidad, procurarles alimentos –en un sentido amplio-, promover la máxima recuperación posible de sus capacidades a través de los tratamientos y asistencia a servicios educativos, sociales, sanitarios y ocupacionales y administrar sus bienes –controlado de forma judicial- fomentando su participación e información individual.
Con esta labor se trata de contribuir a mantener una visión de la persona con discapacidad en igualdad de oportunidades que el resto de la sociedad y favorecer, potenciar y fomentar las interacciones e inclusión social de las personas en situación de desventaja. Asimismo, se trata de actuar en los entornos abiertos como agentes de cambio y transformadores de la realidad.