La primera enmienda presentada, según ha explicado el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, establece que "el rey y la reina consorte, el consorte de la reina, el príncipe o la princesa de Asturias y el rey o la reina que hubiera abdicado y su consorte quedarán aforados en el Tribunal Supremo a efectos civiles y penales".
La segunda establece que si en el periodo que transcurra hasta su entrada en vigor hubiera "algún procedimiento en curso" en contra de las citadas figuras de la Familia Real, "deberá remitirse inmediatamente a las salas competentes del Tribunal Supremo", informa Servimedia.
La modificación legal podría aprobarse en el Congreso en una o dos semanas y su entrada en vigor se calcula antes del verano, según Europa Press.
Una solución en pocas semanas
Según el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, todos los grupos parlamentarios han sido informados de la presentación de estas enmiendas e incluso los diputados de UPN y de Foro Asturias se han adherido con su firma.
Los 'populares' manejaban la idea de aprovechar una ley orgánica en trámite parlamentario para introducir este cambio pues así se podría resolver en pocas semanas la cuestión pendiente de la situación en que queda Juan Carlos I una vez que fuera efectiva su abdicación.
Y precisamente la Cámara Baja tiene encima de la mesa un breve texto que modifica apenas tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) -la norma que regula los aforamientos ante tribunales especiales- con el fin de adaptar el régimen laboral de jueces, fiscales y funcionarios a la Ley de Racionalización del sector público.
