La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma abre la puerta a que la infanta sea juzgada junto a Iñaki Urgandarin, y otros 14 imputados en esta supuesta trama de corrupción investigada pora la presunta malversación de seis millones de euros de dinero público. La resolución judicial, sin embargo, no es definitiva y la Fiscalía Anticorrupción y la defensa de la infanta ya han anunciado que la recurrirán.
Participación en las actividades defraudatorias
El instructor del caso Nóos mantiene que la infanta Cristina "participó en las actividades defraudatorias" cometidas a través de Aizoon, una empresa que se creó para repartir parte de los beneficios ilícitos del Instituto Nóos, facturar hipotéticos servicios profesionales de Urdangarin para no declararlos en el IRPF, cruzar facturas ficticias para tributar lo menos posible, usar incentivos fiscales y "crear un patrimonio familiar a repartir" entre el matrimonio.
De esta forma, habrían defraudado en IRPF más de 120.000 euros en cada uno de los ejercicios correspondientes a los años 2007 y 2008. Una "defraudación que nunca hubiera podido tener lugar sin la activa participación de Aizoon, creada sin más motivo aparente que el general defraudatorio y coparticipada al 50% por ambos cónyuges".
"La conclusión es inevitable: Sin entramado societario no habría delito", subraya Castro, que incide en la idea que ya expuso en enero de 2014, cuando imputó por segunda vez a la infanta Cristina. "Los supuestos delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a Urdangarin difícilmente se podrían haber cometido sin, cuanto menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado".
Muy al contrario, Castro cree que "hay sobrados indicios de que colaboró activamente" con Urdangarin para la comisión de los delitos.
Urdangarin, imputado por nueve delitos
José Castro ha trasladado este miércoles a las partes el auto de transformación a procedimiento abreviado, una especie de "fotografía final" de la instrucción en la que el juez relata los hechos investigados, precisa los supuestos delitos que se han cometido y quiénes son los presuntos autores que deberían sentarse en el banquillo en un futuro juicio.
En la resolución, de 167 páginas, el instructor mantiene imputados a la infanta Cristina, a Iñaki Urdangarin, a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, a la mujer de este último, Ana María Tejeiro, y al expresidente de Baleares Jaume Matas, entre otros.
En el auto, José Castro imputa a Urdangarin y Torres los siguientes delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación, tráficos de incluencias, estafa, falsedad documental, fraude a la Administración y dos delitos fiscales.
Acuerda el sobreseimiento, entre otros, para el secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga, el presunto testaferro de Urdangarin Mario Sorribes y para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
"Rentabilizar económicamente" su vinculación real
El caso Nóos, una pieza separada del caso Palma Arena, investiga la presunta malversación de unos seis millones de euros de dinero público de los gobiernos de Baleares y Valencia a través del Instituto Nóos, una entidad aparentemente sin ánimo de lucro puesta en marcha por el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, y su exsocio, Diego Torres.
Según el auto conocido este miércoles, Urdangarin y Torres se pusieron de acuerdo para "rentabilizar económicamente hasta donde les fuera posible" ante entidades privadas e administraciones públicas "el área de influencia que se derivaba del parentesco del primero con la Casa Real".
El juez relata que la intervención directa de Urdangarin en las negociaciones junto al folleto del Instituto Nóos, en el que aparecían la infanta y García Revenga como miembros de la junta directiva, hacía que sus interlocutores, "detentadores de relevantes cargos públicos y escasamente escrupulosos en la observancia de las normas sobre contrataciones públicas, a prescindir de los obligados trámites" en la contratación.
Una vez captado el cliente, el encargo "se despachaba de cualquier manera" y el beneficio se derivaba al entramado societario puesto en marcha por Urdangarin y Torres mediante facturas falsas que luego se cruzaban entre sí para disminuir la base imponible del impuesto de de sociedades o se derivaba el dinero directamente al paraíso fiscal de Belice.
Un auto que no es definitivo
El auto de transformación a procedimiento abreviado, sin embargo, es recurrible ante el propio titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, y ante la Audiencia Provincial de Palma, por lo que la infanta Cristina podría eludir todavía el banquillo aunque el juez la mantuviera imputada en este momento.
Hasta que no se resuelvan los recursos -no antes de septiembre al no ser hábil el mes de agosto, según explican a RTVE.es fuentes el Tribunal Superior de Justicia de Baleares- el juez Castro no podrá dictar el auto de apertura del juicio oral.
Paralelamente a la presentación de los recursos, el auto del final de la instrucción del caso Nóos abre un plazo para que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones -entre ellas la Abogacía del Estado y Manos Limpias- presenten sus escritos detallando a quiénes acusan, de qué delitos y qué penas piden para cada uno de los imputados.
Las imputaciones de la infanta Cristina
La infanta Cristina estaba imputada en el caso Nóos desde el pasado mes de enero. El juez Castro la imputó por primera vez en abril de 2013 como "cooperadora necesaria" de los delitos presuntamente cometidos por su esposo, Iñaki Urdangarin, al consentir supuestamente que este usara su parentesco con la Casa Real para sus negocios al incluirla en la Junta directiva de Nóos.
Tras el recurso de la Fiscalía Anticorrupción en contra de la imputación, la Audiencia Provincial de Palma la anuló un mes después al no apreciar "indicios vehementes" de que la hija del rey don Juan Carlos y hermana pequeña de Felipe VI conociera o participase en el presunto "plan criminal" urdido por Urdantarin y Torres para "apropiarse ilícitamente de fondos públicos".
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Palma dejó abierta la puerta a una futura imputación al pedirle a Castro que investigara si la infanta pudo cometer "un posible delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de dinero" a través de Aizoon, una empresa "pantalla" que tenía al 50% con su esposo y que sirvió para desviar parte de los fondos públicos investigados y pagar gastos personales del matrimonio.
Fue esta puerta la que acabó de abrir del todo Castro en enero de 2014 cuando imputó a la infanta Cristina por segunda vez por delito fiscal y blanqueo al entender que Urdangarin no pudo cometer estos delitos sin su "conocimiento y aquiescencia".
En su declaración, el 8 de febrero, la infanta se desvinculó de la gestión del Instituto Nóos y de Aizoon, negó que conociera la presunta trama de desvío de dinero público y se defendió argumentando que confía en su marido y que por ello firmaba lo que él le pedía.
