La devolución del 'moscoso' la ha establecido una enmienda introducida por el PP en el proyecto de ley. Los funcionarios tienen desde este jueves y hasta fin de año para disfrutar del día de libre disposición.
El proyecto de ley volvió al Congreso para ser aprobado después de que en julio el pleno del Senado, con la mayoría del PP, rechazara las ocho propuestas de veto de una norma que, según los grupos de la oposición, invade competencias autonómicas y pretende la "recentralización" del Estado.
La diputada popular María Eugenia Romero defendió que la ley supondrá un ahorro de 37.600 millones de euros en cuatro años, forma parte del plan de reformas y está encaminada a procurar una mejor administración de los recursos públicos. Mientras que desde el PSOE, el diputado Ignacio Sánchez Amor, aseguró que "cada vez" que el PP toca la Administración "es para producir un desastre como éste".
UGT denuncia la pérdida de poder adquisitivo
La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT ha reiterado su oposición a la norma porque "la devolución de un moscoso no compensa los daños que producirá esta ley" porque los empleados públicos han sufrido "una drástica pérdida de poder adquisitivo" y que "mantiene todavía muy por debajo los días de vacaciones y asuntos propios que se venían disfrutando antes del recorte".
Paralelamente, ha denunciado que, a través de enmiendas y de forma unilateral, "se ha aprovechado para modificar sustancialmente el Estatuto Básico del Empleado Público, un documento que contó con un amplio consenso tras meses de intenso trabajo entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los representantes de los trabajadores".
En concreto, se permite a las personas que trabajan en la Administración que tengan otras vías de desempeño profesional dentro de su carrera administrativa y se flexibiliza la dependencia funcional de los funcionarios interinos para fomentar la movilidad de los empleados públicos.
Además se crea la situación administrativa de servicios en la Administración civil para el personal militar y se aclara el régimen aplicable a determinados supuestos de movilidad voluntaria entre administraciones territoriales.
