Hassana fue acusado por el Gobierno de Marruecos de participar en el Campamento de la Dignidad de Gdeim Izik, que en 2010 congregó a las afueras de El Aaiún a 20.000 saharauis, convirtiéndose en el campamento de protesta pacífica más importante de la historia.
El joven fue condenado a cuatro meses de prisión, que no cumplió pues así lo dispuso el propio tribunal en 2011, si bien meses después, durante su estancia en Bilbao donde colaboraba en un proyecto de formación dirigido a jóvenes activistas saharauis, el Gobierno marroquí emitió una orden de busca y captura contra Hassana por los mismos hechos por los que ya había sido condenado, por lo que solicitó asilo político denegado por el Gobierno de España en enero de 2015.
Lejos de abandonar su activismo, Hassana recorre el país para dar a conocer su situación y "la violación de los derechos humanos a la que el régimen marroquí somete diariamente al pueblo saharaui" mediante conferencias y actos públicos.
Así, dos años después de la primera condena, en febrero de 2013, el Tribunal Militar Permanente de Rabat acusa a 25 saharauis, entre ellos Hassana, de organizar el Campamento de la Dignidad en un juicio que contó con la presencia de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y el Consejo General de la Abogacía Española, entre otros observadores internacionales.
Según los juristas internacionales, el procedimiento no cumplió las garantías mínimas al vulnerar el derecho a la defensa, a un tribunal independiente, a la tutela judicial efectiva y por el principio de contradicción. Además, inciden en que el Tribunal Militar carece de competencias para enjuiciar a civiles constituyéndose en un "Tribunal de Excepción" que prohíbe el IV Convenio de Ginebra y la propia Constitución marroquí.
También el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) apoya la solicitud de asilo de Hassana al entender que cumple con los requisitos establecidos para obtener el "estatuto de refugiado".
Sin embargo, Interior denegó a Hassana la protección internacional y emitió una orden de salida de España sin efecto, gracias al recurso de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ante la Audiencia Nacional que paralizó la expulsión reconociendo asimismo el activismo pacífico de Hassana y los malos tratos a los que ha sido sometido desde los 17 años por la policía marroquí.