La AUGC acusa a los dos órganos de "tratarlos como funcionarios para recortarles el sueldo y como militares para poder usarlos de marionetas"
La AUGC, considera esta medida un "hurto" del Gobierno a los bolsillos de los guardias "con la excusa" de la facilidad que actualmente tienen los ciudadanos para viajar a la península o entre islas.
Los guardias civiles demandan la repercusión familiar, ya que muchos se trasladaron a Canarias cuando la región lo necesitaba, y los efectos sobre su condiciones laborales, y le recuerdan a los miembros de la Dirección General y el Gobierno que "sus nóminas les permitirán costearse estos viajes" pero que ellos "los subordinados" no.
