"Hoy es más necesario que nunca mejorar la coordinación para aumentar los resultados de las actuaciones públicas", explicó Máñez quien destacó que "los criterios de la igualdad deben impregnar todas y cada una de las actuaciones de la Administración Pública, tanto por imperativo legal como por la lógica, ética y justicia social que debe prevalecer en una sociedad avanzada en el siglo XXI".
De este modo, Máñez y Gutiérrez justificaron la necesidad de avanzar en la aplicación transversal de las políticas de Igualdad en todas las acciones de Gobierno, señalando hacia este convenio marco como una muestra de esta implicación global. La directora general de Trabajo, Gloria Gutiérrez, afirmó que "este acuerdo pretende crear sinergias entre dos centros directivos del Gobierno de Canarias para reducir las desigualdades en el ámbito laboral".
"La Administración Pública no puede quedarse impasible ante las diferencias salariales, la discriminación en el acceso al empleo, o el acoso sexual que se siguen produciendo entre hombres y mujeres", explicó Mánez, quien señaló hacia "la reducción de las dificultades que tienen las mujeres para conciliar su vida laboral y familiar" como otro de los asuntos trascendentes que deben abordar de forma conjunta ambas direcciones generales.
Elena Máñez recalcó que con este marco de colaboración se potenciará la mejora de formación y capacitación en igualdad de oportunidades. Por este motivo, incidió la directora de Igualdad "se formarán a técnicos para que sepan detectar las situaciones de discriminación en el acceso y promoción en el empleo y sepan elaborar planes de igualdad en las empresas".
En aplicación de este convenio marco, los dos centros directivos facilitarán el profesorado para las acciones formativas; aportarán la información necesaria para que empresas y trabajadores conozcan sus obligaciones y derechos legales en esta materia, y, a través de la Inspección de Trabajo, se promoverá la detección de posibles incumplimientos.
La directora de Trabajo afirmó que durante la ejecución del Plan de Actuación de la Inspección General de Trabajo y Seguridad 2008-2010 para la vigilancia en las empresas de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se detectaron siete empresas en las que se apreció la existencia de discriminación salarial por razones de sexo.
