Los veterinarios de Gran Canaria consideran que los municipios de la isla se han despreocupado de la situación de los animales, especialmente perros y gatos, después de la firma del convenio con el Cabildo en 1995. "Desde que se firmó el convenio de municipios con el Cabildo de Gran Canaria la despreocupación por los problemas con los animales abandonados, por agresividad o mordidas, desapareció y básicamente vino unido a la normativa de no poder tener animales por las calles o incluso restricciones importantes a la hora de tenerlos", manifiesta el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, Enrique Rodríguez Grau-Bassas.
"Es incuestionable que el número de personas o familias que tienen animales está aumentando día a día. Eso se calcula en base al número de animales censados. Calculamos que al menos un tercio de la sociedad tiene mascotas en casa", añade.
De esa tercera parte de propietarios, muchos no han recibido una educación de cómo tener un animal socialmente aceptado con pautas de comportamiento con las que se les puede sacar a pasear. "Lo único que hay son prohibiciones de llevar al animal a cualquier lado, con lo cual es un círculo vicioso porque si no lo puedes sacar no lo educas y los perros no educados no son bien recibidos".
"No todo el mundo sale con su perro a pasear por la calle y eso da lugar que haya gente que tenga animales en mal estado o se maltraten sin tener una posibilidad de control sobre eso. Por otra parte, la mayoría de los municipios no destinan recursos a sanciones ni a valorar el estado en que se encuentran los animales. Estamos todos de acuerdo en que el problema del altísimo abandono animal que tenemos en Canarias, que es el récord de Europa, se resuelve con cuatro pilares fundamentales: legislación (y sanciones), educación, identificación y esterilización. Las dos últimas preisan ineludiblemente de interención veterinaria y se nos debe incluir en la planificación de soluciones".
"Tenemos por un lado la necesidad de legislaciones y sanciones y por otro necesidad de educación. La primera es una cuestión local, insular o gubernamental, pero es competencia de los políticos. En cambio, en la educación podemos participar distintos colectivos". De hecho, el Colegio de Veterinarios ha estado creando campañas educativas para los niños.
La identificación es competencia exclusiva de los veterinarios y más de la mitad de los municipios de Gran Canaria no tienen convenios de identificación animal ni convenio de acceso a la base de datos con Zoocan, la única que existe en Canarias.
"Y por otro lado está la esterilización para evitar camadas indeseadas, que eso es competencia exclusiva de los veterinarios. Nosotros nos hemos ofrecido a hacer campañas de promoción de las esterilizaciones y de educación. En líneas generales los municipios nos han recibido casi todos pero esto no ha ido más allá. Algunos municipios han colaborado en las campañas educativas pero muchos otros no".
"Las autoridades tienen que ser conscientes de la realidad de la tenencia de mascotas como parte de la familia porque esto va a ir cada vez a más. Cada vez vamos a tener más mascotas y la gente demanda más medidas de integración de las mascotas en la sociedad. Nosotros tenemos que comprender que dar la espalda a este problema, o creer que el único esfuerzo que hacemos es pagar una cantidad que no se ha renovado desde el año 95 para quitar el problema y meterlo en el albergue, es absolutamente inaceptable", agrega Rodríguez.
"La sociedad y las autoridades municipales tienen que entender que el albergue no solo no es una solución, sino que es un castigo. Los perros en el albergue están muy mal, y no porque lo lleve mejor o peor el Cabildo, sino porque la densidad de animales que hay impide darles un trato humanitario. La necesidad de reducir el número de perros en el albergue viene dada por principios básicos de bienestar animal para que estén en condiciones de aceptabilidad".
"Tenemos que entender que el albergue es un sitio de tránsito donde el animal llega para ser adoptado o lamentablemente ser sacrificado, pero no podemos pretender que la capacidad ilimitada de perros en el albergue sea bueno porque los perros sufren un deterioro que incluso impide la adoptabilidad. Los perros se deterioran física y psíquicamente".
En Las Palmas de Gran Canaria y algún otro municipio se ha exigido llevar la botellita de agua y la bolsita para recoger las cacas, que es una de las quejas más importantes de la sociedad. Lo que más molesta a la gente de los perros son las cacas por la calle. A esto se le puso solución, pero el problema es que hay que poner periódicamente, como los controles de alcoholemia, un guardia que pida la identificación con lector de microchip. Pero para eso hay que tener convenio con la base de datos. Por lo que estamos hablando de que en once municipios no se puede hacer, lo que implica un desinterés para controlar este problema".
"En el control de colonias felinas, estamos haciendo un trabajo enorme. Ya hemos contactado con todos los municipios de la isla. Ya hay algunos que están empezando. En Santa Brígida se está trabajando desde hace más de un año, estamos a punto con Arucas, Telde y otros municipios".
"Destinar personas, esfuerzos o recursos, como se hizo en Ingenio en su momento con el centro de estancia temporal y sacrificio cero, es algo que se puede hacer. Ingenio y Mogán han conseguido ese sacrificio cero. Es factible desde que se destinan recursos, pero hay que hacerlo. Lo que no se puede pretender es un convenio que permita meter el problema debajo de la alfombra".
Según Rodríguez Grau-Bassas, se necesita un cambio de actitud de las autoridades municipales para afrontar el problema y darle una visión de solución "porque esto nos está haciendo un daño de imagen terrible en Europa. El marco legal de la nueva Ley de Protección de Animales es muy importante, por lo que hay que presionar para que esto vaya adelante y entre en el Parlamento en esta legislatura".
"No se trata de hacer legislaciones represoras, sino integradoras. En Santa Lucía se han hecho parques nuevos de perros. Hay que plantearse que la tenencia de animales sea responsable. Poner medidas represoras da lugar al maltrato y a la irresponsabilidad en la tenencia porque le creas un problema más a la persona que va a tener un perro".
"Si tú no tienes gasolineras, no coges el coche. Si cojo un perro y no puedo sacarlo conmigo cuando voy a pasear o a tomar algo, el perro se queda en mi casa. Solo puedo salir con el perro a pasear y a que haga sus necesidades. Eso no es así, el perro tienen que poder salir a todos sitios. En las principales ciudades europeas el perro tiene acceso a los medios de transporte".
"Ahora hay una limitada posibilidad de viajar. En la gran mayoría de municipios no hay una intención de mejoría o de evitar el abandono. Lo que se pretende es que al albergue lleguen menos perros. La política educadora e integradora es imprescindible. Nos ofrecemos a asesorar y ayudar y, con este objeto, en el año 2015 trajimos expertos en bienestar animal de la Universidad de Edimburgo, uno de los centros más prestigiosos a nivel mundial en esta materia, y muchos municipios ni siquiera tenían definida la persona con la que debíamos entrevistarnos y no pudimos contactar con nadie. Apenas nos hemos visto con algún político en los municipios, solo con algún técnico. Los municipios que no tenían técnicos ni nos vieron. No hay conciencia ni intención de hacer nada".
"Los ciudadanos no tenemos que costear la irresponsabilidad de los que dejan a los perros tirados en el albergue. Estamos hablando de 800.000 euros. No podemos seguir favoreciendo ni financiando a los irresponsables. Es muy fácil abandonar un perro en Gran Canaria en estos momentos", concluye el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas.