Así se pronunció Elena Máñez durante la inauguración de la jornada sobre 'Salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de los derechos de las mujeres' que se llevó a cabo ayer miércoles en Las Palmas de Gran Canaria organizada por el Instituto Canario de Igualdad.
Máñez defendió el mantenimiento de la actual legislación que reconoce el derecho a una maternidad libremente decidida y que reconoce también el derecho a la educación y a la salud sexual. Destacó que con la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo España se colocó al mismo nivel que la mayoría de países europeos que cuentan con leyes de plazos, y alertó de que la reforma que se plantea volverá a generar inseguridad sanitaria y jurídica.
La directora del ICI recordó que la Organización Mundial de la Salud lleva tiempo alertando de que cada año fallecen miles de mujeres a causa de complicaciones de abortos inseguros y muchas más sufren infecciones, infertilidad y lesiones debilitantes, y resaltó que en los países en los que existen leyes restrictivas frente a la interrupción voluntaria del embarazo no disminuyen los abortos sino que aumentan las muertes de mujeres por prácticas poco seguras.
"Se trata de un grave atropello hacia el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres", manifestó la directora del ICI, que recalcó que la actual Ley "garantiza el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, estableciendo que su decisión personal es la causa exclusiva para la interrupción de su embarazo" e indica que los poderes públicos "deben ser garantes de este derecho y establecer las condiciones para que se adopte de forma libre y responsable y no deben convertirse en juez y jurado de una decisión que atañe a nuestra autonomía personal".
"La reforma ideológica del PP de la Ley del aborto representa un atentado a la libertad de las mujeres y a los avances logrados en materia de igualdad de oportunidades y en materia de derechos de salud sexual y reproductiva", subrayó Elena Máñez durante la jornada, en la que participaron representantes del movimiento asociativo de mujeres, personal educativo, social y sanitario de las administraciones publicas canarias, así como personal público de las áreas de igualdad, mujer, juventud, salud y participación.
