Respecto a la Ley de Dependencia, el Colegio considera inadmisible que la Administración central se limite a aportar solo el 18% del coste de ésta en el Ejercicio de 2013, cuando su aportación debería ser del 50%. Esta merma en los dineros destinados a atender la dependencia deja claramente en papel mojado a los derechos que estipula la Ley. Así lo admitió esta semana la propia consejera de Cultura, Deportes y Bienestar Social, Inés Rojas, quien aseguró que las partidas asignadas en las cuentas estatales a los servicios sociales del Archipiélago se reducen un 39,8%, lo que ocasionará, entre otras muchas carencia del servicios público de servicios sociales, que no se tramitará "ni una sola alta más" en el sistema de dependencia.
El Colegio provincial de Trabajo Social recuerda que en la actualidad más de 270.000 canarios tienen ya reconocidos sus derechos como dependientes y están en espera de recibir la prestación o servicio, por lo que exige que se dé respuesta a estos ciudadanos cuyo derecho no puede desaparecer por el recorte presupuestario.
Por otra parte, desde el Colegio se denuncia también el inexplicable el recorte del 40% en la partida destinada a financiar los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y recuerda que son precisamente los servicios municipales los que atienden a la población más necesitada, la que ya no puede pagar el recibo de la luz, el agua, a los que ya no perciben prestaciones por desempleo y necesita ayuda para cubrir necesidades básicas como alimentos y ropa.
Los trabajadores sociales insisten en que las corporaciones locales ya están desbordados por el incremento del número de ciudadanos a los que la crisis ha llevado a la pobreza y que menguar la cuantía que se asigna a los ayuntamientos supone condenar a miles de canarios a la marginalidad y la mendicidad. De hecho, según los datos de la Administración regional, los servicios sociales de los ayuntamientos canarios han atendido a más de 418.000 personas estos últimos años y en estos momentos más de 112.000 parados del Archipiélago ya se han quedado sin ningún tipo de prestación por desempleo, con lo que su único recurso es acudir a los servicios municipales.
Asimismo, advierte de que vivimos en una situación de emergencia social en la que la reducción de financiación para prestaciones que permiten sobrevivir a los más débiles y a los más perjudicados por la crisis no puede justificarse bajo ningún concepto. Con lo que este recorte presupuestario deja a expensas de la caridad a miles de ciudadanos.
Finalmente, el Colegio lamenta que las cuentas estatales reflejen unos recortes que castigan a los más débiles y diluyan los derechos de las clases más desfavorecidas, por lo que exige que los Gobiernos central y autonómico busquen fórmulas para cambiarlos a lo largo del trámite parlamentario.