El hecho les arrastra a invertir y perder, todo lo que tienen pagando abogados, peritos, informes de aparejadores, etc. Y ninguno hace bien su trabajo. La jueza del juzgado en cuestión, dicta un auto de subasta de la vivienda, a la que no acude, casualmente, ningún pujante, más que el propio denunciante, que se adjudica la vivienda por un precio residual.
Según comenta el actual abogado de oficio de la pareja, al que le llega el procedimiento en el 2012, cuando ya se ha producido la subasta, no sale de su asombro, al ver que nadie, ni abogados, ni perito judicial, ni particular, nadie, aportó nunca al procedimiento una prueba, irrefutable, que demuestra la mentira. Se trata de una foto aérea, que sin dificultad alguna consigue, consultando en el registro de la propiedad las fechas de construcción de ambas viviendas, donde puede apreciarse que la vivienda del denunciante no había sido construida aún, cuando la de Antonio y Berta ya existía.
Hubiera bastado con datar la construcción de ambas viviendas, para evitar el calvario por el que esta pareja está pasando. Una injusticia propiciada, porque a ningún profesional, de los implicados, se le ocurrió recurrir a consultar algo tan básico. Ahora, sabiendo que todo es mentira, nada se puede hacer, a pesar de los intentos de defensa del abogado.
Esto es lo paradójico de nuestra justicia, no se puede reparar el daño, aún sabiendo que ha habido un error. No, porque durante este proceso, han quedado caducadas todas las vías de recurso posibles y tampoco se ha admitido a trámite el incidente de nulidad presentado por el abogado. No cabe alegar nada más, ni siquiera la revisión del procedimiento que, a la desesperada, ha presentado el abogado de oficio de Berta y Antonio. La última esperanza, la única oportunidad de enmendar el error judicial que los dejará sumidos en la mayor de las miserias, pende de un hilo y del criterio de la jueza que lleva el caso.
Cada día presenciamos, perplejos, como se ejecutan desahucios que dejan a miles de familias en la calle, desahucios por impago de hipotecas, alquileres, etc. Pero asistir impotentes, ante tremenda injusticia, nos hace plantearnos que un verdadero cambio es necesario. Se hace inadmisible ser testigos de cómo el sistema judicial creado para protegernos y preservar nuestros derechos, acaba siendo, en muchos casos, nuestro peor enemigo.
Debemos apelar a la razón, porque no cabe mayor aberración, que utilizar las herramientas de derecho para aprovecharse de las personas, de niños y niñas, ancianos y ancianas, personas desprotegidas, que se ven empujados a convertir sus vidas en el mayor despropósito que hubieran imaginado.
¿Por qué la justicia no puede reparar un error como este? ¿Debemos sacrificar vidas por un mero trámite burocrático caducado, sabiendo la verdad, sabiendo que ha habido un error? ¿Hay que salvar solo la vía del procedimiento administrativo? No parece lógico, la verdad.
Dejar desamparados a Antonio y a Berta, será justo lo contrario a lo que debemos hacer. Si cosas como esta quedan impunes, qué será lo próximo. Cuántos errores más tendrán que pagar otras personas, para que nos demos cuenta que hay cosas que cambiar. No hay justicia en un sistema que no reconoce el error y lo enmienda. Ahora es el momento de luchar para que se reconozca tal error y les devuelvan su casa, la que compraron con el esfuerzo de su trabajo y donde pensaban pasar su vejez en paz.
