Las distintas asociaciones pidieron la interlocución del Diputado del Común con los Cabildos Insulares y las Consejerías de Asuntos Sociales y Sanidad, para un mejor tratamiento de la situación de confinamiento que han vivido y siguen viviendo las personas dependientes en los centros del Archipiélago. Una problemática que prohibió que muchas personas visitasen a sus familiares institucionalizados en centros, y que provocó que "durante 85 días mi hija no supiese si la había abandonado o no, ya que su nivel cognitivo es de un niño de un año" tal y como afirmó Paiz.
Bajo la única finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y de sus familiares, estas entidades informaron de que en Canarias existen 7000 personas con discapacidad que están institucionalizadas en residencias y que siguen, a día de hoy, sin poder salir de las mismas. Pudiendo recibir tan solo una visita semanal de una hora de duración y siempre y cuando sea hecha por la misma persona visitante.
Por esta razón, solicitaron al Diputado del Común su colaboración y mediación para contactar con los Cabildos y las Consejerías de Asuntos Sociales y Sanidad, con el fin de regular esta situación y de buscar una mayor implicación y concienciación con el régimen de visitas, permitiendo aspectos como paseos en los entornos próximos a las residencias, o la posibilidad de que las personas dependientes puedan ir a casa y sociabilizar con sus familiares como hace el resto de la ciudadanía.