El procedimiento se inicia cuando los ayuntamientos mandan la solicitud para que se valore el grado de dependencia, tras lo cual el Gobierno de Canarias envía valoradores y establece el grado de dependencia de la persona. Todo esto puede tardar entre un año y medio y dos años. A lo hay que sumar un periodo similar desde que se realiza la valoración hasta que se emite el Programa Individual de Atención, el denominado PIA, que determina la modalidad de intervención más adecuada para el demandante. En el caso de Arona, este trámite lo realiza el Ayuntamiento, lo que puede suponer un año y medio de ahorro en todo el recorrido.
No obstante, el municipio ha puesto en marcha el citado servicio jurídico, con el objetivo tanto de asesorar a los usuarios como ayudarlos en la denominada reclamación previa a los seis meses de haber presentado la solicitud e, incluso, para que puedan presentar una queja ante el Diputado del Común. Todo ello desde el mes de diciembre.
Si bien la dependencia no afecta en exclusiva a los mayores, sí tiene una alta incidencia en este segmento de la población. En el caso de Arona, además, hay en torno a 25.000 personas (el 25% del padrón) con más de 60 años. Todo ello ha llevado a la puesta en marcha de este servicio por parte del área de Mayores, al que se puede acceder pidiendo cita a través del teléfono 010 dentro de los límites del municipio.