Rojas detalló que gracias a esta ayuda, en la que el Gobierno de Canarias invierte este año más de 18 millones de euros, las familias con más necesidades pagan entre 2 y 90 euros mensuales por el alquiler de su vivienda.
Rojas explicó que, contextualizado en la situación de crisis actual, el Gobierno de Canarias ha impulsado varias medidas para facilitar a las familias más necesitadas el acceso a la vivienda y entre ellas destacó el nuevo decreto, aprobado por el Gobierno en septiembre, para que las familias que no hubieran renovado la ayuda al alquiler por diferentes motivos, pudieran hacerlo con carácter retroactivo desde 2001.
Asímismo, la consejera recordó que también el Gobierno dio "la orden a la empresa pública Visocan de que a todas las familias que tuvieran deudas de alquiler y que estas fueran por motivos estrictamente económicos se les facilitara la solicitud de ayudas y se paralizara el desahucio".
En este sentido Rojas aclaró que "se han paralizado todos los desahucios por motivos estrictamente económicos pero no se paralizarán aquellos que se han producido por impago y además se unan circunstancias como las de abandono de vivienda la vivienda, destrozos, falta de habitabilidad o que la familia esté en disponibilidad económica para hacer frente al pago".
Un total de 9.583 familias canarias, en su mayoría familias monoparentales integradas por una mujer e hijos, siempre con ingresos inferiores a los 11.000 euros (1,5 veces el IPREM), perciben una subvención del Gobierno de Canarias para pagar el alquiler de la vivienda protegida de promoción pública en la que residen en régimen de alquiler.
Esto supone que sólo en el año 2012, el Gobierno de Canarias abona en concepto de ayudas al alquiler de viviendas sociales más de 18 millones de euros (18.001.198,80). Con esta ayuda del Gobierno, las familias con más dificultades económicas y sociales pueden optar a una vivienda digna pagando un alquiler que oscila entre los 2 y 90 euros mensuales de media, dependiendo de los ingresos y del número de dormitorios de la vivienda.
Esta ayuda se aplica en función del número de miembros de la unidad familiar y de los ingresos netos mensuales, además se tiene en cuenta a las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %.
Rojas resaltó que "la política de vivienda ofrece cohesión social en unos momentos muy difíciles en el que los índices de pobreza van aumentando, año a año" y añadió que aún así "no podemos garantizar su continuidad debido al estrangulamiento económico al que nos somete los presupuestos generales del Estado. Un estrangulamiento que ya está resultando altamente peligroso".
