Sobre el fondo de viviendas que se alquilarán a "precio bajo" a las familias que se queden sin su vivienda, el Gobierno apenas ha dado detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este jueves. El ministro de Economía, Luis de Guindos, solo ha explicado que el Gobierno negociará con los bancos que tienen inmuebles adjudicados para ponerlos en alquiler. Cabe recordar que el Estado controla buena parte de ese mercado a través de los bancos rescatados, fundamentalmente Bankia.
En cuanto a los hogares que no podrán ser desahuciados durante dos años, sí ha precisado los casos en los que será de aplicación.
Por una parte, habrá estos requisitos económicos:
El conjunto de ingresos del hogar no podrá exceder 3 veces el IPREM, es decir, la renta familiar no podrá superar los 1.597 euros al mes
La carga de la hipoteca (la parte de sus ingresos dedicada a pagar la cuota) ha tenido que aumentar al menos un 50% en los últimos cuatro años por 1,5 en cuatro años la carga de la hipoteca
La cuota no puede superar el 50% de los ingresos netos
Y en todo caso, la hipoteca debe ser sobre la única vivienda en propiedad de la familia
Por otra parte, deberá darse alguna de estas circunstancias:
Ser familia numerosa
Una sola persona (familia monoparental) con dos hijos a cargo
Familia con un menor de tres años
Incapacidad superior al 33% o persona con dependencia reconocida
Todos los miembros en desempleo y con las prestaciones por desempleo agotadas
Alguna víctima de violencia género
La vicepresidenta del Gobierno ha explicado la negociación que ha llevado a cabo con el PSOE la última semana de cara a esta norma. Ha mostrado su disposición a seguir dialogando en la tramitación parlamentaria de este decreto, pero ha dicho que tenían que tomar "decisiones urgentes" por la gravedad de la situación. Y también ha pedido que el PSOE sea "consecuente" con su posición sobre este tema, tras siete años en el Gobierno. La oleada de desahucios empezó hace más de dos años por la crisis económicas, aunque el tema ha acaparado la atención en las últimas semanas tras dos suicidios.
Con esta medida, el Gobierno adopta una solución de urgencia al drama humanitario de los desahucios, pero desoye las peticiones de los colectivos de afectados que piden un cambio de la ley hipotecaria. A falta de lo que haga después el Parlamento, viene a refrendar el compromiso anunciado esta semana por la banca.
