En el mes de mayo, PACMA solicitó acceso a los expedientes de denuncia proporcionando al Ayuntamiento los números de registro correspondientes, pero a finales del mes de julio recibieron como respuesta una negativa que apuntaba a un supuesto no reconocimiento del interés legítimo; decisión que ha sido recurrida por el Partido Animalista y que, de ser ratificada, les obligará a acudir al Comisionado de Transparencia de Canarias tal y como tenían previsto.
"Viendo el historial de silencio administrativo y la previsible estrategia de cortina de humo del Ayuntamiento, nos tememos tener que acudir a un organismo superior para averiguar por qué no se están tramitando presuntamente las denuncias por maltrato animal en este municipio", explica la portavoz del partido, Yolanda Morales.
La presidenta de la asociación denunciante, ADEMAL, sostiene que el maltrato animal está generalizado en el lugar: "toda la vida se ha metido a los perros en chabolas, en fuertes de palés y se les ha mantenido en condiciones inmundas, por lo que esta forma de vida que se les da a los animales se considera normal". Concluye que "resulta tedioso y lamentable tener que pedirle a la administración pública que haga su trabajo y que proteja los derechos de los animales y de los ciudadanos que intentan velar por ellos".
Lejos de esto, circuló un rumor semanas atrás que afirmaba que el Consistorio se estaba planteando denunciar a la asociación de protección animal por supuestas "denuncias falsas". Por su parte, el voluntariado argumenta que tiene "cada uno de los justificantes de registro de cada procedimiento abierto" y que, si el Ayuntamiento los ha extraviado o archivado (exponen, por su parte, que son menos de las que se acusan) aún cuando se les ha pedido formar parte activa de los expedientes, "las responsabilidades deben ser depuradas".
Continúa de esta forma una batalla administrativa en la que parece que los responsables públicos no tienen intención de actuar para hacer cumplir una normativa ya de por sí precaria.
