Durante este tiempo, analizarán la información que ya obra en el modelo y sopesarán los procedimientos más adecuados para su actualización. Asimismo, se unificarán los criterios de regulación de las prestaciones y los servicios del Sistema de Dependencia y se clarificará la financiación.
El Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia acabó el ejercicio anterior con la menor lista de espera desde que comenzó la Ley su andadura, pues se ha reducido en poco más de 75.000 personas, lo que supone una disminución del 23%. Al mismo tiempo, se han cuantificado más altas que bajas (unas 129.000 por 110.000, aproximadamente) y un 94% de las solicitudes que se cursaron fueron valoradas. Todos estos datos muestran un modelo "más sostenible económicamente y más accesible para el usuario", y por si fuera poco, más atento con el gran dependiente, al que necesita asistencia y servicios con urgencia.
La reforma que puso en marcha el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto con las CCAA está empezando a dar sus frutos después de una etapa que desfasó por completo las previsiones presupuestarias y de asistencia a las personas dependientes, aparte de revelar opacidad en los datos y algunas deficiencias, algo que recoge el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del periodo 2007-2011. Los acuerdos que se adoptaron en el anterior Consejo Territorial de julio de 2012 han sentado las bases de un modelo más equitativo, y hoy se han desarrollado algunos de esos acuerdos.
Tal y como ha explicado la Ministra, se ha pactado la unificación, en beneficio de una tramitación más ágil y de la homogeneización del modelo, toda la normativa sobre las prestaciones del Sistema de Dependencia. Desde ahora, quedarán recogidos en un mismo Decreto las disposiciones que regulaban los servicios y las prestaciones por grado de dependencia, los criterios para determinar las intensidades del catálogo, las cuantías máximas de las prestaciones por grado de dependencia, la regulación de los traslados de beneficiarios entre CCAA, las incompatibilidades, el reintegro de las prestaciones y la protección de los emigrantes retornados. Otro de los puntos que acoge esta única norma es la excepcionalidad de la prestación por cuidados en el entorno familiar, según la redacción de la Ley.
Esta medida, junto al compromiso de mejorar la transparencia del Sistema de Información y de la gestión de la Dependencia, propiciará un modelo que vigilará el curso de cada euro invertido.
Ante las críticas de algunas comunidades autonomías gobernadas por el PSOE por el nuevo sistema de datos que les exige el Gobierno, que consideran que va a paralizar el desarrollo de la ley, y se va a tender a la privatización, con la unificación normativa, la ministra ha negado de forma tajante que esa sea la intención de su departamento. "El PSOE siempre habla de privatización cuando se habla de mejorar la gestión. El tiempo nos dará la razón cuando se compruebe que se mejora la atención a los dependientes", ha aseverado
