Así lo afirma la portavoz socialista en el Cabildo de Gran Canaria, y vocal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Carolina Darias a propósito de una moción que defenderá este viernes en Pleno el PSC-PSOE, sobre el copago sanitario, para instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, a asumir la responsabilidad y atender de forma reglada y oficial las quejas y consultas que planteen los ciudadanos de Gran Canaria sobre el copago farmacéutico aprobado por el Gobierno de España, que entró en vigor el 1 de julio de 2012.
El Gobierno de Rajoy ha introducido el copago en medicamentos, una medida regresiva que ha entrado en vigor el pasado 1 de julio de 2012, así como en productos ortoprotésicos, dietas terapéuticas y transporte sanitario no urgente (que entrará en vigor más adelante).
"La introducción del copago está suponiendo un cambio cualitativo de enorme magnitud en el acceso a los servicios de salud por parte de los ciudadanos de Gran Canaria que, en la actualidad, accedían a los servicios de manera gratuita, porque ya se financian a través de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos en función de la renta", explica Darias.
Desde la entrada en vigor del nuevo sistema de copago farmacéutico, se han planteado en los servicios de salud y en las oficinas de farmacia de Gran Canaria, de Canarias y de toda España cientos de quejas ciudadanas sobre irregularidades relacionadas con el porcentaje de pago asignado, códigos de renta erróneos, recetas antiguas, etc.
"Es evidente que existen discrepancias competenciales entre el Ministerio de Sanidad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Servicio Canario de Salud, para canalizar y dar respuesta adecuada a las múltiples quejas y consultas planteadas por los ciudadanos en estos días. El Ministerio de Sanidad, el INSS y las Comunidades Autónomas se pasan la pelota y los afectados no tienen claro a dónde dirigirse", critica.
"¿Quién tiene que atender a diario las quejas y consultas sobre el copago farmacéutico? Aunque son los ambulatorios quienes atienden al ciudadano directamente, las Consejerías de Sanidad no tienen voz ni voto en el fichero que recoge los datos fiscales de los beneficiarios, que están a cargo del INSS. Hoy por hoy, ni el Ministerio de Sanidad, ni el INSS, están resolviendo la desinformación existente y los Servicios de Sanidad dependientes de las Comunidades Autónomas no tienen posibilidad alguna de centralizar las quejas al carecer de autoridad y capacidad de maniobra, lo que deja al ciudadano completamente indefenso", concluye.
