Ambos colegios profesionales consideran que restringir el derecho a la salud de las personas por su origen o su situación administrativa viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los trabajadores sociales recuerdan que tanto la Constitución española (que recoge, en su artículo 43, la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la salud) como el Estatuto de Autonomía de Canarias (que establece, en su en el artículo 5, la igualdad de los ciudadanos que viven en Canarias) obligan a las instituciones públicas a garantizar los derechos de las personas sin discriminación de ningún tipo. Los dos colegios aseguran que excluir a unos ciudadanos de las prestaciones sanitarias porque se han quedado en una situación irregular desde el punto de vista administrativo supone una violación de las leyes que obligan a la Administración pública a defender la igualdad.
Tanto el Gobierno español como el Ejecutivo canario deberían tener en cuenta que muchos ciudadanos extranjeros se quedan en situación irregular como consecuencia de la crisis económica, después de haber estado contribuyendo con sus impuestos y sus cuotas a la Seguridad Social al bienestar colectivo.
La realidad de estas personas es que, en la mayoría de los casos, son trabajadores que pasan a una situación de desempleo, que conlleva a que caduque su permiso de trabajo y, por tanto, el de residencia. Esta contundente injusticia es producto de la crisis económica y los colegios de Trabajo Social de Canarias creen inadmisible que las administraciones públicas castiguen aún más a unos ciudadanos que se ven inmersos en un laberinto legislativo absolutamente injusto y ajeno a su voluntad.
Ambos colegios hacen un llamamiento a todos los trabajadores sociales del Archipiélago para que defiendan el derecho a la sanidad universal y a un Estado de Bienestar para todos, que no discrimine a nadie en función de su origen. En este sentido, los dos colegios profesionales del Archipiélago quieren mostrar su respaldo absoluto a los profesionales sanitarios que se han declarado objetores de conciencia a esta reforma legislativa del Gobierno central, que niega el derecho a la salud a los ciudadanos extranjeros en situación irregular.
