"La actuación de estos profesionales, que fue impecable y cuenta ya con el respaldo de los servicios jurídicos de este sindicato, ha sido aprovechada por diferentes colectivos y personas que, con un oportunismo que roza el escándalo, tratan ahora de ensuciar un trabajo que, como decimos, se ajusta plenamente a los parámetros policiales de cualquier país europeo."
"De entre los profesionales de la confrontación que se han subido en las últimas horas a la estrategia de la injuria y la calumnia contra los policías destaca la presidenta de una federación de asociaciones de inmigrantes y refugiados que, sin despeinarse, ha protagonizado una intervención difundida en redes sociales en la que ha imputado, de forma expresa y en público, la comisión de un delito de asesinato por parte de nuestros compañeros durante la citada intervención."
"Esta actitud temeraria e irresponsable ya está siendo analizada por nuestros servicios jurídicos y en caso de reiterarse vamos a instar que todo el peso de la Ley caiga sobre quien no entiende que vivimos en un Estado de Derecho y que el fango dialéctico en el que ella se mueve tiene consecuencias penales. No todo vale. En este sentido, en CEP no tenemos duda alguna: siempre con los profesionales de la seguridad pública y nunca con conocidas activistas de la isla que se dedican, sin éxito, a tratar de manchar el buen nombre de quienes se juegan la vida para que hasta incluso ella pueda disfrutar de un derecho constitucional, como la seguridad ciudadana."
"Desde CEP queremos recordar que lo vivido en el exterior de la terminal del aeropuerto de Gran Canaria no fue más que la continuación de un grave incidente que tuvo su inicio en el interior del recinto aeroportuario y que la persona que fue abatida por los policías -hecho del que nadie se alegra, pero que es la consecuencia lógica cuando alguien intenta acabar con la vida de un policía, al abalanzarse sobre él con un cuchillo de grandes dimensiones- ya había provocado escenas de miedo y pánico entre los viajeros y usuarios del aeropuerto."
"Frente a lo que los profesionales de la demagogia y el oportunismo quieran vender en este momento, cuando un policía percibe claramente que su vida está en riesgo y cuando, además, tiene claro que eso mismo sitúa el resto de ciudadanos ante el mismo peligro, puede y debe utilizar las herramientas que tiene asignadas para abortar ese suceso. Ocurre en España y en cualquier otro país de nuestro entorno y, por supuesto, se trata del ejercicio legítimo de las competencias y funciones que tenemos atribuidos los policías nacionales. A quienes ahora intentan agitar las aguas de la injuria y la calumnia les recordamos que ni ellos ni mil oportunistas más podrán ocultar lo evidente: la vida de nuestros compañeros corrió peligro y ellos se limitaron a proteger su vida y la de los demás."
"Finalmente, desde CEP queremos recordar que en 2024 se alcanzó un récord histórico en la provincia de Las Palmas en cuanto a agresiones a policías y guardias civiles. Los 362 delitos contabilizados -un atentado contra agente de la autoridad cada día- supusieron un incremento del 7,41% respecto a los registrados en 2023 y casi un 30% más que los de 2022."
"Por tanto, si algo acredita esta estadística es que cada vez se agrede más a los profesionales de la seguridad pública. Son ellos las víctimas directas de este intolerable deterioro del principio de la autoridad que, a nuestro juicio, requiere de una apuesta inequívoca del Ministerio del Interior por reforzar su protección física y jurídica para que, en última instancia, quienes protegen a los demás puedan hacerlo con los mínimos riesgos posibles."