Marrero recordó que el proyecto aprobado ayer en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja recoge menciones explícitas y excepciones en diversas comunidades autónomas españolas, pero ninguna en Canarias. "Alguien deberá responder por esta arbitrariedad y explicar por qué sí hay excepciones a la obligación de derribo de las construcciones ubicadas en zona de dominio público marítimo-terrestre en lugares como Galicia, Valencia o Baleares, y no así en nuestras Islas".
El portavoz lamentó que el Gobierno canario no haya sido consultado en ningún momento para la reforma de la Ley, aun cuando las competencias de los usos en las playas y las zonas de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre pertencen a la Comunidad Autónoma.
"Canarias tiene también en esta materia unas características especiales que no se han querido tener en cuenta", añadió Marrero, quien añadió que "el Archipiélago ha mantenido históricamente una relación muy especial con el litoral que tampoco se ha respetado".
El portavoz recordó que existen más de cien núcleos en Canarias que se verán afectados por la Ley de Costas y que la ampliación de las concesiones en 75 años ¿uno de los nuevos criterios incorporados en la ley- no garantiza la integridad de todos esas viviendas.
De acuerdo con las estimaciones de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias y dada la configuración urbanística y de propiedad de los actuales núcleos tradicionales afectados por el dominio público marítimo terrestre, en Canarias más del 90 por ciento no podrán acogerse a la solución.
