El Gobierno de Canarias entiende el sentido de la huelga de los miembros de la carrera judicial y fiscal tras los fallidos intentos, durante meses, para negociar con el ministro de Justicia las diferentes reformas legislativas puestas en marcha, especialmente las nuevas tasas judiciales, el Estatuto Orgánico Judicial y la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que conlleva una mayor politización de la Justicia.
Asimismo ha expresado su preocupación ante esta situación y ha mostrado su confianza en que el Ministerio sea capaz de rectificar, especialmente, cambiando su actitud para favorecer vías de diálogo y no dañar el servicio público de la Justicia.
Igualmente, el Ejecutivo regional ha lamentado el malestar generalizado que se ha generado por las medidas que se están adoptando y que suponen un progresivo desmantelamiento y privatización de la Justicia.
