La reforma de la Administración Pública en Canarias es uno de los objetivos esenciales recogidos en el Acuerdo por la gobernabilidad, la dinamización económica, el empleo y la cohesión social de Canarias, suscrito por Coalición Canaria-PNC-CCN y Partido Socialista Canario-PSOE para la Legislatura 2011-2015 Por ello, el equipo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad señaló como prioridad para la presente legislatura la elaboración de los textos legislativos que requiere este proceso de transformación administrativa, acorde a la nueva situación económica y política que está surgiendo de la crisis y las restricciones presupuestarias que ha producido a la Administración Pública en general.
"Desde un principio, hemos trabajado para hacer posible lo que hoy les presentamos y lo hicimos sabiendo que debía mediar el diálogo y el acuerdo institucional y político para que esta reforma fuera exitosa, aplicable y con garantías de futuro", explicó el consejero.
El consejero señaló que gracias al trabajo interno, el diálogo leal y la predisposición para la negociación mostrada por Fecam, Fecai y el propio Gobierno de Canarias el consenso institucional ha sido posible. "Ahora, esperamos que este consenso pueda confirmarse en el Parlamento canario con el apoyo unánime de los grupos", aseguró.
Hernández Spínola aseguró que a partir de ahora el Gobierno centrará su tarea en colaborar en todo lo posible con los grupos parlamentarios para que el trabajo de tramitación legislativa culmine con éxito en la presente legislatura.
El consejero sintetizó el contenido de las dos propuestas legislativas, empezando por la Ley de Municipios de la que destacó las siguientes caracteristicas:
- Una férrea defensa y desarrollo de la autonomía local consagrada en la Constitución Española.
- Está elaborada como normativa complementaria de la legislación básica que resulta de aplicación.
- Aborda el ámbito subjetivo de aplicación con amplitud, regulando más allá del marco aplicable a los ayuntamientos al incluir en sus preceptos al sector público municipal al completo, con los entes complementarios (organismos, fundaciones y empresas públicas municipales) y la regulación relativa a la constitución y funcionamiento de las mancomunidades y consorcios.
- La normativa parte de la concepción de que es el municipio la Administración más cercana al ciudadano y por tanto, la que debe asumir el contacto más directo con las personas.
- Detalla la distribución competencial que corresponde a los municipios, de forma totalmente coordinada con la atribuida a los cabildos, de forma que, desde el principio en la reorganización competencial se evitan los solapamientos y duplicidades.
- Apuesta por introducir mecanismos para la modernización de la Administración.
- Incluye un título sobre aplicación de los principios de transparencia en la administración municipal.
- Permite solucionar problemas que el marco básico aprobado por el Estado ha generado en el ámbito competencial y en el funcionamiento y organización de los ayuntamientos.

Respecto a la Ley de Cabildos, el consejero señaló:

- Preserva la singularidad jurídica y organizativa de los cabildos insulares frente a las diputaciones provinciales.
- Desarrolla el papel de los Cabildos insulares como instituciones de la comunidad autónoma, conferido en el Estatuto de Autonomía de Canarias. compatibilizándolo con el que tienen asignado como entidades locales en el marco estatal.
- Detalla las bases para el reparto de competencias entre los tres niveles de la Administración autonómica, como ya dije, de forma armonizada con la normativa municipal, de forma que se eviten duplicidades y solapamientos.
- Incrementa el ámbito competencial de los cabildos insulares, fomentando la descentralización administrativa a través de tres mecanismos: la delegación, la transferencia y la asignación de competencias propias a través de leyes sectoriales.
- Prevé la dotación de la organización adecuada para que los Cabildos desarrollen las tareas que les sean atribuidas por la legislación autonómica en cada momento.
- Igualmente, incluye un título relativo a la aplicación de los principios de transparencia en las administraciones públicas.