Las prospecciones para averiguar si hay gas y petróleo comenzaron el 18 de noviembre pasado a unos 50 kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote, y tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de no suspender la actividad de forma cautelar el Gobierno canario recurrirá ante el Tribunal Supremo.
El presidente del Gobierno de Canarias ha manifestado que como la opinión del ejecutivo regional es que el auto no se ajusta a derecho lo recurrirá y añadió que los más grave es que no es acorde con el sentido común.
Explicó que el auto es contrario al sentido común porque cuando se pide la suspensión cautelar de una actividad peligrosa como la exploración para averiguar si hay petróleo lo que se quiere es estudiar antes y a fondo si hay riesgo, y, agregó Paulino Rivero, no tiene sentido diferir en el tiempo la decisión y que se pueda producir un accidente.
Paulino Rivero aseguró que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias obedece más a primar los intereses de una compañía privada como es Repsol que a los de los canarios.
Pero, agregó el presidente canario, si Repsol y quienes respaldan a la empresa, piensan que "vamos a aflojar" en la lucha por el entorno natural, están "muy equivocados" pues decisiones como la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias "refuerzan nuestra posición".
El Gobierno canario mantiene contra las prospecciones acciones tanto ante el Tribunal Supremo como en la Unión Europea, y, recordó Paulino Rivero, se siguen actuaciones por posibles acciones en el ámbito penal.
Estas acciones están relacionadas con el hecho de que sea negativo el informe ambiental para realizar prospecciones en el Mediterráneo y positivo para llevarlas a cabo cerca de Canarias, declaró Paulino Rivero.
