Uno de los aspectos relevantes del nuevo reglamento tiene como objeto la deducción por inversiones en el cine, una industria que está penetrando con fuerza en Canarias dado su gran atractivo internacional "y que supone para las Islas una fuente de riqueza y empleo diversificando nuestra economía", señaló el consejero.
El consenso alcanzado entre las dos administraciones ha logrado solventar para este sector las exigencias establecidas por la Comisión Europea, que fijan un límite en la acumulación de ayudas fiscales de las empresas que operan en Canarias (el 10% del volumen de negocio salvo para las industriales que se elevan al 17,5%), una circunstancia que impediría el rodaje de grandes producciones en el Archipiélago.
La fórmula prevista en el reglamento supone que las deducciones fiscales al cine, de forma excepcional, no estén sujetas a tales límites permitiendo un tope de 50 millones de euros por empresa y año lo que permitirá la captación de grandes proyectos internacionales a la vez que se cumple estrictamente con el marco legal comunitario.
Por otra parte, el riguroso cumplimiento de la normativa europea es una de las novedades de este reglamento al incrementarse de forma notable los controles para una correcta aplicación de las deducciones. En este sentido, se definen con claridad los mecanismos para que las empresas no superen el límite de acumulación de ayudas establecido por Bruselas con el fin de lograr una plena seguridad jurídica a los beneficiarios.
Marco para las deducciones
También se establecen límites en la Deducción por Inversiones en África Occidental de forma que las empresas no podrán superar los 7,5 millones anuales mientras que la bonificación por los gastos de publicidad en el exterior tendrá un tope de 2 millones por caja ejercicio fiscal. "Unas cantidades –informó Pedro Ortega- que hemos considerado lo suficientemente amplias para incentivar la expansión internacional de nuestra pymes".
En cuanto a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), el reglamento aborda la dotación de los beneficios derivados de elementos no afectos a la actividad de las empresas, como la venta de inmuebles, pero siempre que se destinen obligatoriamente a la creación de empleo o a nuevas inversiones.
Sobre la RIC, también se definen los mecanismos para que los pequeños empresarios y autónomos canarios puedan agrupar sus beneficios y acceder de forma conjunta a proyectos de mayor dimensión. Además, se suaviza el régimen sancionador cuando se incumplan obligaciones formales y que suponían un gran lastre para las pequeñas empresas.
