Nieves Lady Barreto señaló que también, a través de los recursos del FDCAN, el Ejecutivo invertirá en los próximos años más de 151 millones de euros en obras de saneamiento y depuración en Lanzarote, 50 millones en Gran Canaria, 66 millones en Tenerife y 34 en Fuerteventura. También en La Gomera y La Palma, pero las inversiones aún no están cuantificadas.
La consejera señaló, además, que el Convenio de Infraestructuras Hidráulicas -retrasado porque está pendiente de firma con el Gobierno central- destina un 80 por ciento del total de 296 millones a saneamiento, depuración y reutilización en actuaciones para los próximos 4 años.
Asimismo, hizo hincapié en que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 contemplan una partida de 10 millones que aún no se ha transferido a Canarias y que está destinada, entre otros proyectos, a las obras de saneamiento del municipio palmero de Los Llanos de Aridane y de Tetir, en Fuerteventura, con 1,4 millones de euros para cada uno de ellos.
Todas las nuevas infraestructuras de depuración podrán alimentarse de energías renovables gracias a la línea de subvención creada por la Consejería de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias.
En este punto, Nieves Lady Barreto explicó que, desde que en 2015 se desbloquearan las declaraciones de impacto ambiental de los parques eólicos que llevaban años paralizadas en el área de Medio Ambiente, el Gobierno ha podido avanzar en la implantación de energías renovables. "Hemos pasado de un 8% de producción en 2015 cuando asumimos esta Consejería al 20% con el que cerraremos 2018, siempre y cuando el Gobierno central cumpla con el compromiso del nuevo concurso eólico para Canarias. Es decir, vamos por delante del objetivo del Estado que es alcanzar el 20% de energías renovables en 2020 y nos acercamos objetivo del 30% en 2021 y al 45% en 2025", explicó.
Asesoramiento a ayuntamientos, cabildos y particulares
La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad ha invertido 700.000 euros en asesorar a las administraciones locales y a particulares en la tramitación de las autorizaciones de vertidos desde tierra al mar.
La consejera recordó que los ayuntamientos y cabildos son los competentes en materia de depuración de aguas vertidas al mar y que corresponde al Gobierno de Canarias la concesión de las autorizaciones y la labor de inspección y sanción.
El 30 de noviembre de 2017 se entregó la documentación definitiva de la actualización del Censo de vertidos desde tierra al mar de Canarias y una copia fue entregada a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural para que se iniciaran los correspondientes procedimientos sancionadores a todos aquellos vertidos que no contaran con la correspondiente autorización.
"Al margen de lo que son nuestras competencias, desde la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad hemos querido ir un paso más allá para facilitar a ayuntamientos y cabildos y a los particulares la gestión del complejo trámite de la solicitud de autorizaciones. Por ello, tras la publicación del Censo, encomendamos al Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) un servicio de asesoramiento a las administraciones públicas y entidades privadas para facilitar el trámite de otorgamiento de la autorización. Este servicio tiene vigencia hasta noviembre de este año, si bien, se está trabajando para proceder a su prórroga en previsión de que como consecuencia de los expedientes sancionadores que se están tramitando en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural aumente el número de consultas".
"Estamos trabajando en la modificación de la normativa para agilizar los trámites que se realizan ante el Gobierno de Canarias, si bien, no podemos olvidar que una parte de la tramitación corresponde al Gobierno central en lo que se refiere a la ocupación del área de dominio público marítimo terrestre y algunos de los expedientes llevan años paralizados en la Dirección General de Costas", recordó.
Nieves Lady Barreto explicó que la Consejería también ha redactado y puesto a disposición pública una guía explicativa del procedimiento administrativo y de los requisitos técnicos previos necesarios para la tramitación de las autorizaciones. Esta guía se puede consultar en la web de la Consejería y se puso en conocimiento de su existencia y contenido, a través de correos electrónicos, a todas las administraciones locales e insulares.
El contenido de la guía explicativa también se dio a conocer a través de la celebración de cuatro reuniones presenciales (en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y La Palma) a las que se convocó a la totalidad de las administraciones públicas, insulares y locales, así como a las entidades privadas que contasen con algún vertido desde tierra al mar que apareciese recogido en el Censo de vertidos como "no autorizado".
En el marco de las citadas reuniones se procedió a explicar la necesidad de contar con autorización administrativa para los vertidos desde tierra al mar, se resumió el contenido de los distintos documentos que componen la Guía Explicativa y se resolvieron las dudas planteadas por los presentes.
"En noviembre de 2017 teníamos en Canarias un total de 394 vertidos desde tierra al mar, de los cuales 116 contaban con autorización y 278 no. A fecha de hoy, existen 95 vertidos con autorización. El número de vertidos autorizados ha descendido debido a que ha vencido el plazo de vigencia de algunas autorizaciones sin que se haya solicitado la correspondiente prórroga y también porque desde el Gobierno se han tramitado varios procedimientos de extinción de las autorizaciones otorgadas por incumplimientos detectados", detalló.
