El Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna se comprometieron a financiar las actuaciones de reposición y reurbanización del barrio mediante la firma de tres convenios, suscritos en los años 2011, 2015 y 2016.
Los tres convenios se extinguieron (los dos primeros, el 31 de diciembre de 2016 y el tercero, el 31 de diciembre de 2018) sin que las actuaciones hubiesen finalizado. La finalización de este plazo conllevaría la liquidación de los convenios extinguidos y que las administraciones que han financiado las actuaciones puedan ejercer su derecho de reintegro de los importes no justificados.
Debido a que esta situación podría comprometer el conjunto del proyecto, cuya conclusión es necesaria y de marcado interés público a la vista de las condiciones de las viviendas y las necesidades de las familias afectadas, las partes se reunieron, en el marco de la Comisión de Seguimiento (sesiones de 29 de enero y 15 de febrero de 2019), para alcanzar una solución jurídica que permitiera dar continuidad a las actuaciones hasta su finalización.
La solución aportada por el Ministerio, tomando como fundamento el informe emitido por la Abogacía del Estado, y acogida por todas las partes, consistió en la suscripción de un acuerdo transaccional, en virtud del cual el Ministerio, el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo podrían aplazar el reintegro durante un plazo determinado. En ese plazo, el Ayuntamiento se compromete a concluir las actuaciones, posponiendo así la fecha de justificación de la actividad y del gasto. Su firma no generará nuevas obligaciones económicas para las partes, ni supondrá renunciar al ejercicio del derecho de reintegro.
El texto definitivo del acuerdo transaccional se ha consensuado entre las partes durante los meses de febrero y marzo de 2019 y se ha iniciado su tramitación administrativa, por cada una de las partes, para proceder a su firma.
Actualmente, en el ámbito autonómico, se ha emitido informe de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos y de la Intervención General. Una vez emitido el dictamen por el Consejo Consultivo de Canarias, se elevará a la aprobación del Consejo de Gobierno.
Por parte del Ministerio, una vez emitido el informe de su Abogacía, es necesario recabar el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, para someter el acuerdo a la aprobación del Consejo de Ministros.
