Según establece el reglamento regulador, integran esta Comisión de Informe Único, junto a la Presidencia y dos Vicepresidencias, 12 vocales en representación de las Consejerías de Economía, Industria y Comercio; Obras Públicas y Transportes; Empleo, Políticas Sociales y Vivienda; Turismo, Cultura y Deportes; Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas; Sanidad; Hacienda y Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, además de la persona titular de la Dirección del Instituto Canario de Igualdad. La integra también un miembro de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias.
Corresponde a esta Comisión la emisión de un informe único, preceptivo y vinculante, de los planes insulares de ordenación, planes territoriales especiales, planes territoriales parciales y planes generales de ordenación, además de cualquier otro supuesto establecido por norma legal o reglamentaria.
Los informes de esta Comisión podrán ser favorables cuando se estime que el plan sometido a informe se ajusta a la normativa sectorial que resulte de aplicación y no incurre en infracción del ordenamiento jurídico; condicionados, cuando las deficiencias advertidas sean susceptibles de subsanación; o desfavorables, cuando se infrinja la normativa sectorial o el resto del ordenamiento jurídico.
Contra el Informe Único solo cabe recurso potestativo ante la propia Comisión o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo.
Órgano de Evaluación Ambiental e Informe Único
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 25 de febrero el decreto por el que se creó el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único, así como su reglamento de organización y funcionamiento, previsto por la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
El Órgano se integra en la estructura de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y funciona de manera ordinaria a través de la Comisión de Evaluación Ambiental y la Comisión de Informe Único.
La Comisión de Evaluación Ambiental, constituida en el mes de marzo, sustituye a la Cotmac y actúa como órgano ambiental del Gobierno en relación con los planes, programas y proyectos de competencia de la Administración autonómica y en la evaluación ambiental de la ordenación estructural de los planes generales de ordenación en los municipios de menos de 100.000 habitantes, así como en los casos de modificación sustancial de los mismos.
