A su juicio, parecen contrarios al derecho o, al menos, son polémicos o discutibles desde el punto de vista legal. Sí son, indiscutiblemente, según ha apuntado, contrarios al sentido común, ya que, en primer lugar, el quórum y las mayorías en primera convocatoria no pueden ser menores que en la segunda, y a las reglas democráticas básicas, dos no pueden gobernar una corporación de 23.
El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado tanto la incomodidad del Gobierno canario con esta situación como su imposibilidad de intervenir, según sus propios Servicios Jurídicos, y ha hecho un llamamiento al Estado y a los 21 consejeros que ahora mismo integran la oposición, para que actúen y contribuyan a corregir esta anomalía democrática y legal.
Julio Pérez ha insistido en que la Comunidad Autónoma no está legitimada para actuar, pues, si lo estuviera, lo haría, como ha ocurrido, a lo largo de esta legislatura en 48 casos de ayuntamientos y cabildos que afectaban a sus competencias. Diecisiete de ellos han sido resueltos antes de llegar al juicio. Ahora, ha afirmado, los servicios técnicos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de otra consejería están examinando la validez de uno que sí afecta a la Comunidad, para, si así fuera, formular la impugnación judicial correspondiente.
