En ese sentido, la Institución insular considera necesario implementar "de manera rigurosa" los objetivos establecidos a nivel internacional, europeo, estatal y autonómico, y crear un marco legal que impulse y evalúe de manera transparente las políticas climáticas que deban adoptarse en el Archipiélago hasta el año 2050 para que sea realmente efectiva.
Y es que la finalidad de estas aportaciones es respaldar que la norma logre el objetivo de cero emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050 y una reducción del 55 por ciento para 2030.
El documento propuesto por Gran Canaria contempla aportaciones relativas a los objetivos propios de la Ley, como la reducción de emisiones en sectores como el eléctrico, el turismo, la construcción, el transporte, la industria o la agricultura, entre otros, y también propuestas que hacen referencia a la responsabilidad de las consejerías regionales para alcanzar los objetivos también desde cada sector.
El Cabildo insta al Gobierno a basarse en el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global muy por debajo de 2° C e incluso a hacer los máximos esfuerzos por llegar a 1.5 ° C dado que los territorios insulares están más expuestos a los efectos del calentamiento.
Un cambio de paradigma
La Ley también debe impulsar un cambio de paradigma en el modelo canario de desarrollo para modernizar su economía y hacerla más competitiva "en un mundo que se está descarbonizando progresivamente".
Otras de las aportaciones del Cabildo grancanario son las de realizar una revisión del sistema fiscal canario con miras a alcanzar los objetivos climáticos para 2050 fortaleciendo los incentivos económicos para reducir la contaminación ambiental y avanzar hacia una producción más sostenible.
Además, el documento considera necesario que cada consejería regional también sea responsable de alcanzar los objetivos del sector en el que tiene competencia y que sean las propias consejerías las que introduzcan las medidas necesarias para lograr la reducción de gases de efecto invernadero en cada caso.
El Cabildo también propone soluciones a los posibles incumplimientos de los objetivos recogidos en la Ley e insta al Gobierno regional a publicar informes periódicos de acción climática y de proyecciones de emisiones, además de la creación de una comisión de expertos independientes para cuestiones climáticas que examine y evalúe los datos de emisiones, el efecto de reducción de gases de efecto invernadero de las medidas propuestas y que opine sobre las modificaciones de los presupuestos de programas de acción climática.
En definitiva, se proponen medidas de evaluación de los objetivos y los mecanismos necesarios para establecer medidas de corrección en el caso de incumplimiento para que la Ley sea finalmente efectiva.