Las razones de este fracaso en la gestión de las medidas de estímulo de uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento de nuestra economía son variadas, pero pueden resumirse en la falta de una verdadera política audiovisual regional que esté liderada por responsables con decidida voluntad y conocimiento suficiente del funcionamiento del sector. Solo así puede explicarse, por ejemplo, que el Gobierno aprobara unas reglas técnicas inspiradas en sectores tradicionales que nada tienen que ver con el audiovisual e incompatibles con las ayudas del Ministerio de Cultura, o que concediera a las productoras beneficiarias menos de 40 días para terminar de financiar sus películas, preproducirlas, contratar a todo el personal, filmarlas, editarlas y estrenarlas, si querían recibir las ayudas concedidas, un proceso que, en su conjunto, lleva fácilmente más de un año. A ello hay que añadir una preocupante falta de transparencia y de interlocución, que ha llevado, por ejemplo, a no publicar las Actas de la Comisión de Valoración o la composición de la Comisión de Seguimiento, pese a las demandas del sector, así como a rechazar todas las solicitudes de prórroga en la ejecución o, en último extremo, de nueva convocatoria de las partidas no ejecutadas.
La situación en este 2018 es igualmente descorazonadora: pese a que los Presupuestos recogen una partida de apoyo a la producción regional de 375.000 euros (que nos vuelve a situar a la cola de España) y a que la plantilla del departamento de audiovisuales del Gobierno de Canarias ha crecido un 300%, no existe fecha prevista para la próxima convocatoria, ni siquiera confirmación oficial de que ésta, efectivamente, se producirá. Tampoco se ha realizado ningún avance en la actualización de las bases reguladoras, pese a que todas las asociaciones del sector presentaron una propuesta técnica consensuada el pasado mes de marzo, lo que parece abocar a un nuevo fracaso de la convocatoria.
En los últimos años, las empresas nacionales e internacionales que eligen Canarias como plató de rodaje atraídas por ayudas públicas en forma de extraordinarios incentivos fiscales han copado los titulares de la prensa regional y centrado la comunicación institucional del Gobierno de Canarias en materia audiovisual. Sin embargo, el apoyo a las empresas audiovisuales canarias se sitúa en el extremo opuesto, pues la nuestra es la tercera comunidad autónoma de España que menos inversión destina al impulso de las producciones cinematográficas de su región, acumulando, en el conjunto de los últimos siete años, un total de apenas 706.000 euros de inversión frente, por ejemplo, a los casi 20 millones de Galicia o de la Comunidad Valenciana, o a los más de 8 millones de euros con que, a través de desgravaciones fiscales, se apoya cada año a las productoras nacionales que deciden rodar en nuestro archipiélago. Unos incentivos de acceso imposible para las productoras y creadores de Canarias, precisamente por la total ausencia de una política audiovisual coherente en nuestra comunidad, dando lugar a un agravio comparativo que lastra el desarrollo de nuestro sector en un contexto de oportunidad sin parangón en toda Europa.
Se consolida así, en definitiva, la paradoja de que, coincidiendo con el período de mayor afluencia de rodajes peninsulares y extranjeros a nuestras islas, la producción cinematográfica canaria viva una de las situaciones más críticas de su historia reciente, comprometiendo tanto nuestra identidad cultural como el futuro de un sector estratégico para el desarrollo de la economía de nuestra región.