En dicho anuncio se pudo escuchar y leer lo declarado por el Presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien manifestó que confiaba en que "pronto se alcanzase un consenso similar en Sanidad y Educación" y, además, que "el Ejecutivo está al lado de las reclamaciones de los docentes canarios, pues creemos que los baremos estatales deben ser otros y buscaremos todos los mecanismos que la ley nos permite para llegar al mejor acuerdo posible".
El colectivo docente se plantea si el presidente del Gobierno vive en algún planeta de otra galaxia, no se entera de la misa la mitad o simplemente les toma el pelo. Indistintamente de esta cuestión consideran necesario hacerle saber que está prevista la publicación en el BOC la convocatoria para los procedimientos en el sector docente el 30 de noviembre de 2022, por lo que, les da la sensación de que toda la buena voluntad de la que el presidente hace gala desgraciadamente llega demasiado tarde para el profesorado de los Conservatorios, en particular, y para el resto de cuerpos docentes en general. Aun así, subrayan su apoyo a Ángel Víctor Torres para que pelee y negocie lo que haga falta para alcanzar el mejor acuerdo posible para los docentes, que garantice la consolidación de los trabajadores en situación de abuso de temporalidad y no se permita, por la imposición de un Real Decreto de un Ministerio del Gobierno de España, que estos docentes pierdan sus puestos de trabajo que llevan décadas ocupando como interinos en listas de empleo público de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en una comunidad con competencias plenas en materia de Personal. En ese sentido, destacan que no sólo perderán sus puestos de trabajo, sino que se condenará a estos docentes al desempleo indefinido para entregar sus plazas a opositores venidos de otras Comunidades.
Los representantes del Profesorado de los Conservatorios Profesionales de Música de Canarias han sostenido diversas reuniones con el Director General de Personal y la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para, en la línea planteada por el presidente, "llegar al mejor acuerdo posible". Desgraciadamente, no ha sido posible encontrar "acuerdo posible", porque la normativa que regula los procesos de estabilización en el ámbito docente (Real Decreto 270/2022) viene impuesta desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, delimitando la estructura y baremos que son comunes y de aplicación a nivel de Estado, no dejando margen alguno a las comunidades autónomas, y ello paradójicamente, a pesar de existir desde 1982 transferencias en Educación y en materia de Personal.
A falta de soluciones o acuerdo con la Consejería de Educación, los representantes de los colectivos del Profesorado de los Conservatorios han solicitado en varias ocasiones que sean recibidos por el presidente de Canarias para trasladarle de primera mano la situación muy excepcional en la que se encuentran estos docentes, pero por desgracia nuestro presidente parece no estar a la altura de la sensibilidad que la situación requiere y de momento no han obtenido respuesta alguna.
El Real Decreto que impone el Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España de aplicación en el ámbito docente, queda demasiado lejos del marco de actuación que permite la Ley 20/2021, a través de la cual se ha logrado un acuerdo muy favorable para el Personal de las Administraciones Públicas Canarias. Este Real Decreto es discriminatorio y atenta contra los Principios Constitucionales de "Igualdad, Mérito, Capacidad, Transparencia y Seguridad Jurídica" en los procedimientos de acceso a la Función Pública, al limitar en el caso de los docentes a tan solo un 40% (sólo 10 años de servicios) la puntuación en el apartado de "Experiencia Laboral". Para cualquier trabajador que acumule 20 o 30 años de servicios, se obvian y dejan de reconocerse 10 o 20 años de su experiencia profesional.
El baremo de méritos que establece el Real Decreto 270/2022 no se corresponde con la realidad que sufre el Profesorado de los Conservatorios Profesionales de Música de Canarias. El Baremo de Méritos puntúa hasta un máximo de 15 puntos, de los cuales 5 son para la valoración de "Oposiciones aprobadas sin plaza". Teniendo en cuenta que para los Conservatorios de Canarias nunca se han convocado oposiciones, estos docentes parten con una manifiesta desventaja puesto que no pueden acreditar mérito alguno en ese apartado y solo podrán optar a 10 puntos de los 15. Este perjuicio supone un agravio y vulnera gravemente los Principios Constitucionales de Igualdad, Mérito, Capacidad, Transparencia y Seguridad Jurídica, al dar curso a un procedimiento que ya de antemano supone no tener en consideración una muy importante desigualdad y discriminación en las condiciones de participación y acceso a través de estos procedimientos de consolidación de empleo; consolidación de empleo, claro está, para los opositores de otras comunidades donde sí ha habido a lo largo de todos estos años convocatorias casi bianuales y que, lógicamente, vendrán a concursar a Canarias con esos méritos bajo el brazo que el profesorado canario de los Conservatoria no tiene porque, insisten, aquí en los últimos 30 años nunca se han convocado oposiciones.
Desde el Colectivo de Profesores en Abuso de Temporalidad de los Conservatorios Profesionales de Música de Canarias destacan que el Real Decreto 270/2022 por el que se rigen los procedimientos de estabilización del personal docente, no permite participar en igualdad de condiciones en estos procedimientos al profesorado de los Conservatorios Profesionales de Música de Canarias y mucho más lejos queda aún el objetivo principal para el que supuestamente se establecía este procedimiento: la "estabilización real" del personal en abuso de temporalidad, todo ello en cumplimiento de lo dictado en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Es por todo lo anteriormente expuesto que este colectivo docente ha presentado un Contencioso Administrativo ante el Tribunal Supremo contra el citado Real Decreto, tiene previsto la impugnación de las convocatorias y de los procedimientos, y emprenderá cuantas acciones judiciales sean necesarias para defender los puestos de trabajo que llevan ocupando durante varias décadas.
Desde el colectivo de docentes se preguntan qué hacen los representantes políticos para defender los intereses de Canarias concretamente qué hacen para defender los intereses de sus trabajadores. En ese sentido, destacan que los docentes, que ahora se ven afectados por el procedimiento de estabilización, han estado a lo largo de las últimas décadas dando lo mejor de sí mismos, cumpliendo con el deber y la responsabilidad que supone la docencia y de paso sacándole las castañas del fuego a la incompetencia de los diferentes partidos que se han sucedido a lo largo de las últimas décadas en el Gobierno de Canarias y la Consejería de Educación.
La imposición de este Real Decreto deja en muy mal lugar y tocada de muerte la autonomía de Canarias, sus competencias. En este sentido a los docentes les gustaría preguntarle a Ángel Víctor, presidente del Gobierno de Canarias: ¿en qué lugar queda la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Canarias?, ¿en qué lugar quedan las competencias en materia de personal recogidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias?, ¿Dónde quedaron las competencias recogidas en el Reglamento de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en materia de personal docente y de procedimientos selectivos?
Desde el Colectivo de Profesores en Abuso de Temporalidad de los Conservatorios Profesionales de Música de Canarias explican que por mucho que pueda parecer que pretenden hacer de su problema laboral una reivindicación nacionalista y hasta independentista, cuando lo hacen otros compatriotas de otras comunidades como Cataluña, Euskadi o Galicia, entonces la reivindicación se normaliza. Que les vendan esta milonga a ellos...si pueden, exclaman. Consideran que lo que está muy claro y es por todos sabido que los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en este país son más iguales para unos que para otros, así que denuncian que ya está bien de seguir usando esa hipócrita cantinela del "obligado cumplimiento" de lo que marca Madrid tras la que una y otra vez se excusan y esconden para no asumir sus competencias y responsabilidades.
Terminan haciendo un llamado a Ángel Víctor Torres: "ya no hay tiempo para las palabras ni para las excusas, haga algo que le honre y defienda los intereses de los canarios, de los trabajadores canarios y de sus familias".
