La cantidad inicial destinada a controlar este brote en el municipio rondaba los 23.000 euros, sin embargo, se ha incrementado debido a que la dificultad de las actuaciones llevadas a cabo requerían una mayor inversión. Asimismo, se está tramitando una indemnización para el agricultor, propietario de la finca, con el fin de compensar las pérdidas económicas ocasionadas.
En respuesta a una pregunta parlamentaria en Pleno, el consejero, Narvay Quintero, se refirió a las medidas implantadas por el Gobierno regional para erradicar este mal. Así, explicó que desde que se tuvo constancia de esta plaga, el Departamento autonómico a través de una encomienda del Servicio de Sanidad Vegetal a la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR), realizó a finales de 2014 y durante los meses de enero y febrero de 2015 muestreos en el área afectada.
A continuación, se dividió la zona según grados de afectación para actuar en aquellos espacios con mayores problemas. Los capataces, ingenieros técnicos agrícolas e ingenieros agrónomos establecieron un plan para eliminar los cítricos- el cultivo más afectado- presentes en toda la finca. Una vez eliminados se procedió a aplicar el tratamiento fitosanitario en los restos talados, se enmallaron y se comenzó con el tratamiento del suelo, que fue desinfectado mediante un cuidadoso proceso. Una vez finalizado éste, se procedió a plantar los llamados cítricos trampa en las zonas más afectadas.
Paralelamente, se llevaron a cabo actuaciones en los aguacateros y en la plantas que crían en la finca para evitar la propagación de la Diaprepes. Asimismo, el pasado mes de agosto, se observó la presencia de ejemplares adultos del gorgojo en las plataneras, por lo que se procedió a tratarlas de forma similar. Actualmente el vivero está bajo vigilancia y se realizan inspecciones periódicas para ver la evolución de la plaga tras las medidas adoptadas.
Durante su intervención, Quintero comentó que cualquier problema fitosanitario tiene gran incidencia en las Islas, "por los que hay que evitarlos desde la raíz", y destacó la importante labor realizada en relación a este asunto por el personal de GMR, "que ha hecho un gran trabajo dadas las dificultades que presentaba el control de la Diaprepes Abreviatus".
Durante todo este tiempo ha habido un número máximo de ocho técnicos realizando trabajos de campo y un mínimo de tres, de forma que la Consejería ha mantenido una media de cinco personas desarrollando actuaciones en la finca y en el vivero afectados, entre capataces, ingenieros técnicos agrícolas e ingenieros agrónomos.
"Tenemos graves deficiencias en inspección fitosanitaria; los medios de vigilancia con los que el Estado ha dotado al Archipiélago son escasos e incumplen lo establecido en la Orden Ministerial de 1987, como habrán oído repetir una y otra vez a los agricultores, y no se está controlando con la exhaustividad necesaria la entrada del producto de fuera", destacó el titular de Agricultura.
"Desde la Consejería estamos trabajando para que, en la medida de nuestras posibilidades y mientras no obtengamos las competencias en este tema, se establezcan mayores controles a la entrada de mercancía de fuera que, en muchas ocasiones, llegan con organismos nocivos que perjudican a las producciones locales", añadió.