Gustavo Matos se ha manifestado en este sentido durante una reunión de trabajo mantenida con empresarios integrados en el Registro de Empresas de Reformas y Rehabilitación de Edificios, Viviendas y Locales de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) y en la que estuvo acompañado por el director gerente de la Federación, Óscar Izquierdo. "Adherirse al sistema arbitral da un valor añadido, un plus de calidad, a los servicios que se ofrecen", ha indicado.
"La Junta ofrece un procedimiento rápido, sencillo, gratuito y eficaz", ha resumido el director general que ha precisado que se trata de un servicio voluntario. Aquí ha recordado que en la nueva etapa de la Dirección General se ha trabajado para reducir el cúmulo de expedientes del periodo anterior tratando de conceder más medios humanos y materiales a este servicio.
En este punto, Gustavo Matos ha explicado que se ha producido un "cuello de botella" al converger un aumento de las solicitudes de arbitraje debido a la crisis económica, el cierre de algunas oficinas de información al consumidor, el aumento de las reclamaciones en el sector de las telecomunicaciones (que congregan el 80 por ciento del total) y las dificultades presupuestarias. "Seguimos trabajando en la Junta y hemos firmado convenios con Fepeco y con empresas de telecomunicaciones", ha precisado.
La Junta Arbitral es un órgano administrativo de gestión del arbitraje institucional de Consumo y presta servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría. Su principal función es dirigir el procedimiento arbitral y se encarga de realizar tareas de fomento y formalización de convenios arbitrales; mediación respecto de los conflictos planteados; confeccionar y actualizar el censo de empresas adheridas; elaborar y poner a disposición de los interesados los modelos de convenio arbitral.
