Nieves Lady Barreto defendió la necesidad de esta ley "para tomar decisiones, poder solucionar problemas y agilizar procesos en Función Pública, mientras se inicia una transformación más profunda de la Administración Pública que aborde los cambios que se demandan para adaptarla a la realidad y a las necesidades de la población". En este sentido, la consejera destacó que esta ley contempla aspectos relacionados con la ejecución de los procesos selectivos, la promoción interna, la constitución de las listas de empleo y la agilización de los procesos, entre otros, pero que va más allá porque recoge también el acuerdo de iniciar la tramitación de una nueva Ley del Empleo Público, con casi cuarenta años de vigencia.
Al respecto, la consejera recordó que se daba un plazo de seis meses y que el Consejo de Gobierno ha cumplido y ya ha iniciado el anteproyecto de Ley del Empleo Público de Canarias. "Forma parte de nuestra hoja de ruta y de nuestra agenda política", apuntó.
La elaboración y tramitación de esta iniciativa legislativa constituye uno de los retos normativos más importantes de la Consejería de Presidencia en la presente legislatura, ya que además de dotar a la Comunidad Autónoma de Canarias de un nuevo marco legal en materia de empleo público dejando atrás la hasta ahora vigente Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, "somos conscientes de que debe concitar el mayor consenso posible entre todos los agentes actuantes en un sistema jurídico especialmente complejo como es el de la regulación del empleo público". Por ello, la consejera valoró el trabajo que realiza tanto el personal como los responsables de la Dirección General de Función Pública y de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia para afrontar este proceso de modernización de la Administración.
