Martín, que hizo estas manifestaciones durante su participación en el 'I Congreso en la organización y gestión del personal al servicio de la administración pública', explicó que la apertura de diversas oposiciones, tras un largo período sin convocar procesos selectivos, ha generado una colusión entre los derechos de los colectivos de personas que ya tienen un puesto en la Administración autonómica y de los que aspiran a una plaza, y detalló que el Decreto Ley servirá para conciliar las aspiraciones de ambas partes.
Se trata de acoplar las expectativas del personal público de acceder a otras plazas, mediante concurso de traslado, con las de aquellas personas de nuevo ingreso que, tras superar una oposición, resulten adjudicatarias de una plaza, detalla la directora general de la Función Pública, quien precisó que con el Decreto Ley se afina el régimen jurídico de la adjudicación provisional.
Martín informó de que el Decreto Ley, que ha sido convalidado por el Parlamento de Canarias, obliga a convocar un concurso de traslado para todo el personal cuando concluyan los procesos selectivos en curso y además trata de resolver la falta de nombramientos definitivos en las corporaciones locales de personal de Secretaría, Intervención o Tesorería.
La norma también incrementa los puestos de trabajo que, en determinado proceso selectivo, habían sido reservados para aspirantes en situación legal de discapacidad, que no han sido cubiertos y no podrán ser ocupados pero que pueden acumularse a los del turno general, expuso la directora general de la Función Pública.
