Los promotores de la iniciativa pretenden instalar la mencionada industria en un suelo calificado como rústico potencialmente productivo-suelo agrícola de medianías (PP-A2), que se entiende equiparable a la de suelo rústico de protección agraria contemplado en el artículo 55.b).1 del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y los espacios naturales de Canarias.
A este respecto, la Directriz de Ordenación General 62.3 de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo, exige que en suelo rústico de protección agraria los proyectos de actuación territorial vayan vinculados a actuaciones de recuperación agraria y, si bien la entidad promotora aporta una memoria de recuperación agraria en la que se describen las actuaciones a desarrollar en este sentido, lo cierto es que del análisis del proyecto en su conjunto se deduce que la finalidad primordial del mismo es la de implantar una actividad industrial, apareciendo en cambio la recuperación del suelo agrícola como una actuación meramente residual, subordinada o accesoria.
El Gobierno entiende, por tanto, que no parece existir proporcionalidad entre ambas actuaciones, ni una justificación suficiente para que la iniciativa sea considerada de interés general o social, requisito indispensable para la aplicación de un procedimiento extraordinario, como es la elaboración de un Proyecto de Actuación Territorial.
En base a estas consideraciones, el Consejo de Gobierno acordó hoy desestimar la solicitud para la implantación de la citada industria en el lugar pretendido.
