A escasos días de que finalicen los plazos actuales, las organizaciones empresariales alertan de que la falta de decisión del Ejecutivo central puede desembocar en un escenario de enorme gravedad para el archipiélago: la pérdida de más de 200 millones de euros en fondos europeos ya asignados, la paralización de cientos de proyectos en marcha y un impacto directo sobre cientos de empleos y empresas que ya han movilizado inversiones para ejecutar estas actuaciones.
Las patronales subrayan que Canarias no puede quedar atrapada en los tiempos de la burocracia estatal cuando existen proyectos adjudicados, empresas trabajando y una oportunidad histórica para avanzar en la transformación energética e industrial de las islas.
Una alarma económica real
La no ampliación de los plazos no supondría únicamente un problema administrativo. En la práctica, implicaría dejar sin margen de ejecución a numerosos proyectos estratégicos ya concedidos, obligando a paralizar obras, comprometiendo la justificación de inversiones y poniendo en riesgo la absorción efectiva de fondos europeos esenciales para Canarias.
El impacto iría mucho más allá del ámbito energético, afectando directamente a pymes, industrias, instaladores, ingenierías, empresas auxiliares, proveedores y trabajadores que dependen del desarrollo de estos proyectos.
Unidad empresarial ante una decisión crítica
Las organizaciones empresariales advierten de que la situación ha entrado en una fase límite y reclaman una decisión política inmediata.
El presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez, advierte de que "estamos ante una decisión que marcará el futuro inmediato de muchos proyectos empresariales en Canarias. Si no se amplían los plazos, se enviará un mensaje devastador al tejido productivo: que incluso cumpliendo, invirtiendo y ejecutando, una empresa puede quedarse atrás por la inacción de la administración. No actuar ahora tendría consecuencias muy serias y difícilmente reversibles. Canarias no puede perder esta oportunidad histórica por una falta de decisión política en el último momento".
Por su parte, la presidenta de Femepa, Patricia Jiménez, asegura que "Canarias no puede permitirse perder más de 200 millones de euros ni frenar proyectos estratégicos por una falta de respuesta del Gobierno de España. Estamos hablando de inversiones ya comprometidas, de empresas que han confiado en este proceso y de cientos de empleos que dependen de que se actúe con responsabilidad y urgencia. Lo que pedimos no es una excepción, sino una solución razonable para que los proyectos aprobados puedan ejecutarse. No conceder esta ampliación sería dejar tiradas a las empresas canarias en un momento decisivo".
A esta demanda se suma el presidente regional de Asinca, Virgilio Correa: "La industria canaria necesita certidumbre, no silencio administrativo. Si no se amplían los plazos, no solo se perderán fondos europeos: se pondrá en riesgo la competitividad de nuestras empresas y la capacidad de Canarias para avanzar en su modernización industrial y energética. Cuando todo un tejido empresarial, desde el metal hasta la industria, coincide en la urgencia de una medida, el Gobierno de España debe escuchar. Estamos hablando de proteger inversión, actividad económica y empleo en Canarias".
Una solución viable sobre la mesa
Las organizaciones empresariales recuerdan que existe ya una propuesta técnica planteada por el Gobierno de Canarias que permitiría reconfigurar los plazos y el encaje financiero de los proyectos, garantizando el cumplimiento de los compromisos europeos y la ejecución efectiva de las actuaciones. Esta solución permitiría evitar la pérdida de fondos y asegurar la continuidad de proyectos ya adjudicados y en ejecución. Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno de España no ha emitido respuesta alguna.
Llamamiento urgente al Gobierno de España
CREM y Asinca hacen un llamamiento directo al Gobierno de España para que adopte de manera inmediata la decisión que permita ampliar los plazos y garantizar la continuidad de los fondos Next Generation en Canarias. "No hay margen para seguir esperando. Cada día que pasa acerca a Canarias a un escenario inasumible: perder financiación, paralizar proyectos en marcha y frustrar una oportunidad histórica de transformación económica, industrial y energética", concluyen.