En una comparecencia ante los medios de comunicación, los presidentes de ambas instituciones, Mario Cabrera (CC) y Manuel Plasencia (PSOE), han advertido al Ejecutivo regional de que "las reglas están marcadas", aunque han ofrecido "consenso" para buscar una solución "conjunta" con el fin de que se puedan "preservar" los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación.
Según la Ley 9/2003 de Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales, el reparto actual supone que el 58 por ciento de la recaudación va a parar a cabildos y ayuntamientos y el 42 por ciento restante, a la Comunidad Autónoma.
Tras reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Plasencia ha dicho que son "conscientes" de la situación y que hay que "priorizar" las necesidades de las administraciones. "No quiero 50 niños por aula en mi isla ni cerrar los centros de mayores y discapacitados, pero el reparto debe ser conforme a la ley", ha comentado Cabrera.
El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, ha reconocido que habrá un "ajuste de gastos e ingresos" debido al recorte de 800 millones en los PGE, y ha avanzado que en el Consejo de Gobierno de mañana se tomarán ya algunas medidas como la subida del IGIC, recuperación de impuestos, creación de tasas o eliminación de bonificaciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF.
Asimismo, ha afirmado que hay que tomar decisiones "cuanto antes" porque hay que cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria a 31 de diciembre ante la "amenaza" de intervención de las Comunidades Autónomas.
"Esperamos resolver las diferencias porque cada día que pasa, los efectos finales en el ámbito del presupuesto genera repercusión. Hay que correr", ha comentado. En principio, el Ejecutivo persigue que esta modificación del reparto en la recaudación del IGIC afecte a 2012 y 2013, a priori, los años más duros de la crisis.
González Ortiz ha subrayado también que cabildos y ayuntamientos han planteado "reordenar" algunas competencias para tratar de rebajar costes y ha vuelto a insistir en que Canarias acumula un déficit de 1.400 millones para prestar servicios de sanidad, educación y asuntos sociales. "Estamos en una situación límite", ha indicado.
