De esta cantidad, unos 34 millones corresponden a obligaciones del Servicio Canario de Salud, referidas en su mayor parte al pago de conciertos sanitarios, mientras que los 800.000 euros restantes son facturas pendientes imputables a deuda comercial de otros departamentos del Gobierno.
Según establece el Real Decreto estatal, sólo podrán incluirse en este mecanismo los conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales; los convenios de colaboración; los pagos a asociaciones sin fines de lucro; las subvenciones para actividades de I+D+i; las transferencias a corporaciones locales; y los proveedores de universidades aunque estos centros han comunicado su decisión de no acogerse a esta fórmula.
Según los documentos contabilizados hasta la fecha límite fijada por el mecanismo, el Gobierno de Canarias solo tiene acreditada una deuda por importe de estos 34,9 millones que responda a estas áreas de gasto, por lo que se encuentra entre las autonomías con menor endeudamiento.
A partir del acuerdo de adhesión, la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad enviará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la relación de las facturas incluidas en este mecanismo. Con posterioridad, y hasta el 24 de julio, el departamento estatal comprobará que estos pagos cumplen con los requisitos establecidos.
De acuerdo con el calendario elaborado por la Administración central, entre esa fecha y hasta el próximo 6 de septiembre los proveedores podrán consultar sus facturas y manifestar su aprobación a las condiciones fijadas. Finalmente, el 20 de septiembre se determinará la relación definitiva para que el Estado apruebe la cantidad final e inicie el procedimiento para el abono de las mismas.
