En contra de lo que cabría esperar para Canarias como la Comunidad de peores indicadores del Estado y posiblemente de Europa, el gobierno canario ha continuado haciendo dejación de sus responsabilidades y competencias para, cobarde e indolentemente, ejecutar la política marcada por Madrid pero también reafirmando su inutilidad en cualquiera de los apartados sociales que en mayor o menor medida les son propios. El balance no puede ser más desolador: aumento del desempleo, según lo certifica la Encuesta de Población Activa, superando ya el 33% de la población y elevando el nivel del 2013; los salarios en Canarias, después de muchos decenios, continúan siendo los más bajos del Estado. Por otra parte, la Educación pero especialmente la sanidad, y también en contra de lo manifestado por el presidente Paulino Rivero, ha sido durante el año que termina, ha sido sitiada por el gobierno de Paulino Rivero con los salvajes recortes en las plantillas y destrucción de empleo, con el lógico resultado de calidad en general y mayor número de fracasos asistenciales, promoviéndose ahora nuevas y peligrosas aventuras privatizadoras como las unidades clínicas de gestión.
La negra "guinda" de esta perversa gestión de gobierno la vuelve a poner el ejecutivo canario en materia cultural y la inexistente política de promoción y defensa de las señas de identidad nacional de Canarias. Además de una vergonzante descenso de inversiones en esos objetivos, el escándalo parlamentario montado por la Consejera Inés Rojas, demostrando su significativo analfabetismo cultural al confundir, por ignorancia, al honorable intelectual Chil y Naranjo con el actual director del Museo Canario, da idea de en manos de quién se encuentra la gestión cultural del Archipiélago, aunque el resto de señoría de este parlamento de opereta tampoco demostraron mayor nivel cultural que la Sra. Consejera.
El definitiva, conocidas ya las diferentes opciones de Gobierno en las diferentes versiones de pactos entre PSOE; PP o CC, podemos afirmar que de repetirse cualquiera de ellos significará prolongar el actual y largo ciclo de emergencia social para Canarias. Ello nos lleva a reivindicar nuevas fórmulas de gobierno que además de desarrollar políticas comprometidos con los trabajadores y las clases populares, asuman con determinación, e incluso internacionalmente, la defensa y el ejercicio de los derechos nacionales de Canarias.
