En este contexto, se busca "la conexión aérea de Canarias con el resto del territorio nacional que mejor permita analizar sus efectos en los precios de los billetes y en la conectividad de residentes y visitantes de las Islas, y permita así extraer conclusiones válidas para posibles acciones posteriores". Así, se impondrían ciertas obligaciones para "continuar garantizando la conectividad en términos adecuados de continuidad, regularidad, precios y capacidad mínima".
Lo curioso es que el PP planteó una solución similar hace algunos meses, y fueron tumbadas por el PSOE. La división azul pedía "máxima celeridad", pero los socialistas alegaron que "las prisas son malas consejeras y más cuando estamos hablando de una posible colisión con el derecho europeo".
De momento, se espera que la conexión entre la península y el archipiélago de declare como Obligación de Servicio Público antes del periodo estival. En las próximas semanas se celebrará una mesa de trabajo para tomar la decisión final.
